La Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la Procuraduría General de la República y la embajada de España no se ponen de acuerdo. La primera, por boca de su titular, José Luis Santiago Vasconcelos, sostiene que dos agentes de la policía española en territorio mexicano participaron en un "intercambio de información" con la UEDO en el operativo que condujo a la captura de seis vascos requeridos por la justicia de Madrid por su presunto involucramiento en ETA.

El vocero de la sede diplomática, José Emilio Cerro, asegura que "la única policía (española) que se tiene (en México) es la que resguarda el edificio diplomático (...) Ningún agente español actúa en territorio mexicano; respetamos su soberanía".

Son pocas las explicaciones posibles para esas divergencias declarativas. Si se diera crédito al diplomático peninsular, habría que concluir que dos individuos no identificados, que se hacen pasar por agentes policiales españoles, han colaborado por razones desconocidas e incomprensibles con la UEDO y señalado a los vascos residentes en México que el gobierno español desea encarcelar y someter a juicio. Si, por el contrario, se toman por buenas las palabras del funcionario mexicano, sólo quedan dos conclusiones posibles: o bien la representación del Estado español en México desconoce la presencia aquí de agentes de Madrid -quienes, según esa lógica, estarían actuando en forma encubierta, por lo menos ante su propia embajada- o bien el agregado de prensa de la legación mintió con plena conciencia.

En tanto las partes no den a conocer nuevos datos, la verdad parece estar más bien en las palabras del jefe de la UEDO. No sólo por la cauda de elementos sospechosos que han estado presentes en la persecución de los supuestos etarras en México desde hace siete años, sino también por las actitudes abiertamente injerencistas que ha adoptado el gobierno de José María Aznar hacia México, que pasan por las exigencias impertinentes de que nuestro país se sume a la fantasiosa "guerra contra el terrorismo" que encabeza el guía ideológico, político y castrense de Aznar, George W. Bush. Existe, asimismo, la evidencia de que la representación diplomática peninsular mantiene seguimiento puntual e interesado de los asuntos políticos internos de nuestro país, como dejó en claro el reporte recientemente enviado a Madrid desde la embajada española y que fue publicado el sábado pasado en estas páginas.

Sin prejuzgar sobre el alcance de las actividades de elementos de la policía española en México, es claro que la sola presencia de tales agentes constituye una violación inadmisible de la soberanía nacional. La candidez de Santiago Vasconcelos -quien admitió los "intercambios de información" con esos funcionarios policiales de un país extranjero- no justifica ni legaliza tal presencia. La embajada española, menos ingenua, sabe que no es correcto que policías españoles en activo pululen en territorio mexicano y niega, en un claro reflejo defensivo, la existencia de tales agentes. Corresponde al gobierno federal ofrecer una explicación puntual de esta anomalía y corregirla de inmediato.