Delincuencia organizada y lavado de dinero, los delitos que no logró probar

Confirma la PGR que no ejercerá acción penal en el caso Pemexgate

Pendiente, indagatoria correspondiente a peculado electoral y uso indebido de atribuciones

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó el no ejercicio de la acción penal contra todos los involucrados en el caso Pemexgate, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, debido a que no encontró elementos para fincarles responsabilidades penales.

Sin embargo, todavía resta la indagatoria correspondiente a peculado electoral y uso indebido de atribuciones y facultades, cuya resolución corresponde a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), aunque éstos no están tipificados como graves y alcanzan fianza.

De esta forma quedaron exonerados de dichos delitos los priístas Rogelio Montemayor Seguy, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex); el senador Carlos Almada; el diputado federal y dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps; el ex secretario de Finanzas del tricolor, Jorge Cárdenas Elizondo; el también priísta Alonso Bretón, ex subsecretario de Finanzas, así como los ex directores corporativos de la paraestatal, Carlos Juaristi, Juan José Domene y Julio Pindter; asimismo, del sindicato petrolero, el tesorero Ricardo Aldana y los líderes seccionales Fernando Pacheco Martínez, Miguel Limón y Jesús Olvera.

Mediante un comunicado, la PGR dio a conocer que ''la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, dentro de la averiguación previa PGR/UEDO/102/2002, consideró que no existen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada''.

El documento indicó que en la denuncia contra los petroleros se señalaba que después de haberse desviado 640 millones de pesos, a través del convenio administrativo sindical 9359, celebrado el 5 de junio de 2002, el dinero fue depositado a una cuenta bancaria y trasladado a un lugar no especificado.

La PGR manifestó que durante la investigación del Pemexgate se determinó que el dinero ingresó al PRI, por lo que se acreditó y consignó un delito electoral ante la Fepade. Así, el Ministerio Público Federal determinó que el actuar de los priístas involucrados en el caso ''de ninguna manera colma el elemento subjetivo distinto del dolo como confirmador del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en virtud de que su conducta, en cumplimiento a un plan preconcebido, actualizó el delito electoral previsto en el artículo 412 del Código Penal Federal, ya que conociendo el origen ilícito de los 500 millones de pesos sustraídos de Pemex, otorgados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, los aprovecharon ilegalmente para apoyar a su organización partidista''.

Sorteo Milenio Millonario

El comunicado refirió que ''en el operativo para allegarse fondos, a través de instrucciones que giraron a diversos empleados del PRI, sin soslayar la realización del Sorteo Milenio Millonario, que sirvió como mecanismo para aparentar ante el Instituto Federal Electoral (IFE) que los recursos ingresaron al partido de conformidad con lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que de ninguna forma se traduce en que ocultaran el origen de recursos de procedencia ilícita''.

El 19 de enero de 2002, La Jornada informó sobre la denuncia que presentó la Contraloría, el 10 de diciembre de 2001, respecto a que mediante supuestos pagos al sindicato petrolero por concepto de beneficios contractuales y el otorgamiento de préstamos, se benefició al candidato presidencia del PRI, Francisco Labastida Ochoa, y se intentó ocultar el origen de los recursos por medio de pagos de nómina a empleados del tricolor.

(AMO)