Miguel Concha

Documentación independiente de la tortura

El procurador general de la República afirmó la semana pasada que su institución asume la vanguardia en la creación de condiciones para el empleo de la normatividad internacional en la documentación de casos de tortura y/o maltrato, conocida como Protocolo de Estambul. Sin embargo, la capacitación de los peritos de la propia PGR en una parte de la norma, que es la historia clínica, no necesariamente garantiza, sino que por el contrario dificulta, la aplicación del Protocolo de Estambul, que debe ser imparcial e independiente. De otra manera, por más que la PGR sea la que use un procedimiento magnífico para diagnosticar tortura, sería juez y parte; e incluso si remotamente lograra convencer a la sociedad de que sus policías y agentes son incorruptibles y respetuosos de la ley y de las personas, está inhabilitada, de acuerdo con la norma internacional, para aplicar el Protocolo de Estambul.

Si hubiera un interés genuino en combatir la tortura, la PGR debería contribuir al fomento de la formación de peritos independientes y a su reconocimiento oficial, en vez de tratar de descalificar y criminalizar a los pocos que existen en el seno de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, cuya causa no es por cierto la de defender a los criminales. Si son las autoridades quienes fabrican delitos mediante la tortura; si son ellas las que producen detenciones arbitrarias; si ellas son las que realizan desapariciones forzadas, es a esas autoridades a las que se demanda, independientemente de si las víctimas de tales acciones son, ellas mismas, criminales. Es así porque un estado de derecho no puede rebajarse a una condición criminal para combatir la delincuencia, so pena de perder, como ha sido el caso, su autoridad moral.

Por otro lado, los sobrevivientes de la tortura no cuentan con las condiciones jurídicas y de seguridad mínimas para denunciarla oportunamente, para ellos y sus familias, debido a la complicidad de los agentes ministeriales, los jueces e incluso las autoridades carcelarias. Nosotros sabemos, y así lo dicta la experiencia internacional, que un sobreviviente de tortura, con la personalidad quebrantada, no tiene la posibilidad física ni sicológica para reaccionar de forma inmediata ante tan grave hecho. Independientemente de que las víctimas de tortura puedan considerar su denuncia como una estrategia de defensa, ello no exime de la responsabilidad que tiene la representación social para perseguir este delito, cuya gravedad no afecta solamente a las víctimas directas, sino a la sociedad en su conjunto.

Es correcto que la PGR golpee al narcotráfico y al crimen organizado; con lo que no podemos estar de acuerdo es con que también golpee a los ciudadanos, sean o no culpables de haber cometido algún delito, como fue el caso de Guillermo Vélez Mendoza, no sólo torturado, sino impunemente ejecutado por la Agencia Federal de Investigación.

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT) ha documentado 55 casos de tortura en lo que va del actual régimen. Se trata de una pequeña organización, con la mitad de sus colaboradores amenazados u hostigados por decir la verdad. Esta organización no recibe "quejas", sino que comienza tomando en serio a quien acude a ella a denunciar la tortura. La excelencia internacional de ACAT se refleja en la reciente elección del doctor Fernando Valadez como miembro del Consejo Internacional para la Rehabilitación de la Tortura (IRCT), con sede en Copenhague, Dinamarca, cuya membresía de 30 organizaciones representa a todas las regiones del mundo, y cuyos peritos en el uso del Protocolo de Estambul sí tienen independencia y objetividad.

Vale la pena destacar además que la enorme mayoría de casos de tortura no parecen llegar a los organismos públicos de derechos humanos, porque los sobrevivientes y sus familiares temen aparentemente represalias, y sobre todo por la falta de credibilidad de quienes están detrás de las ventanillas oficiales. Como ejemplo de dato científico comparativo, cabe agregar que otra procuraduría, la Federal del Consumidor (Profeco), reporta que entre los años 2000 y 2002 las más de 150 mil quejas que recibe anualmente se redujeron en 30 por ciento. Habrá que explicar por qué la población se "queja" por decenas de miles en las calles y no en las ventanillas de la burocracia, donde la espera no repone los costos. Para el caso de la tortura, ACAT lleva ya muchos años denunciando el subregistro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se diga el de la PGR, que sistemáticamente niega este tipo de violaciones.