Ridículo de la procuraduría por la infamia de conclusión: Bárbara Zamora

La abogada Barbara Zamora calificó de "infamia" la conclusión de la procuraduría capitalina en el sentido de que la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido se suicidó, al considerar que la resolución se basa en "pruebas subjetivas".

Zamora, quien estuvo a cargo de la defensa del caso en la primera etapa, insistió en que Ochoa y Plácido fue asesinada y que la procuraduría capitalina prefiere dar carpetazo a las investigaciones para no encontrar a los verdaderos culpables.

"Se trató de un crimen de Estado y creo que esta versión no se va a aceptar internamente ni en el exterior. Los que van a quedar en ridículo son las autoridades del gobierno capitalino, porque son risibles los argumentos que dan para decir que se trató de un suicidio", aseguró.

Explicó, en entrevista, que las pruebas que ha presentado la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no dan sustento a esa conclusión. Se refirió en particular a la afirmación de que en el despacho en el que se encontró el cadáver sólo cabía una persona, de que la pistola era propiedad de Ochoa y de que ésta tenía un libro de poemas referidos a la muerte.

También consideró que es "increíble" que la defensora de derechos humanos haya tratado de suicidarse de tres disparos. Explicó que no fueron dos balazos, como se ha manejado, sino que hay huellas de un tercero que pegó en un sillón.

Refirió que las pruebas de balística demostraron en su momento que fueron tres sujetos los que presuntamente participaron en el homicidio, y que datos periciales pudieron servir para ubicar a los posibles autores materiales.

Para la abogada, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se dio a conocer el mes pasado, confirmó de manera contundente que estas pruebas no eran suficientes para determinar si se había tratado de un suicidio o no, además de que aseguró que en el curso de las pesquisas se habían cometido numerosas irregularidades.

A la luz de estos resultados, aseguró que la creación de la fiscalía especial, hace 11 meses, no tuvo sentido, porque terminó ratificando la cuestionada hipótesis del fiscal anterior, Renato Sales Heredia.

"La fiscal Margarita Guerra sólo se encargó de fabricar las pruebas del suicidio y de darle atole con el dedo a la familia y a los abogados, que piden que se esclarezca este asesinato", dijo la defensora.

Pero señaló que este asunto no termina con la resolución que se presentará hoy oficialmente y señaló que los abogados todavía pueden recurrir al juicio de amparo, para que un juez federal determine si se cierra o no la investigación, y después pueden acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aun así, dijo, la determinación de la PGJDF deja en una situación de "desprotección" a los abogados y defensores de derechos humanos que se dedican a litigar causas difíciles.

Afirmó que esta resolución aumenta el riesgo para los defensores de derechos humanos, porque la "impunidad" puede ser aprovechada por quienes están en contra de su labor sabedores de que las autoridades no les hacen nada.