La semana pasada, el embajador colombiano en México, Luis Ignacio Guzmán, emitió unas aventuradas declaraciones en las que denunciaba la supuesta existencia de una oficina clandestina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para sustentar sus suposiciones, el diplomático mostró fotografías de un cubículo dentro de esa casa de estudios en el que se desplegaban carteles con insignias de las FARC e información sobre sus actividades e hizo alusión a la presentación en la UNAM, en mayo pasado, del libro La luna del forense, del guerrillero colombiano Gabriel Angel.

Pese a la estridencia de las afirmaciones de Guzmán, lo cierto es que hasta la fecha el embajador no ha aportado pruebas tangibles que comprueben sus dichos, actitud irresponsable que agravia a la Universidad, induce un clima de tensión y crispación en la comunidad universitaria y suscita sospechas sobre los verdaderos propósitos que movieron las declaraciones del diplomático. Como expresó oportunamente la UNAM en un comunicado, la presencia de carteles o la presentación de libros no constituyen evidencia alguna de la presencia de una oficina de las FARC en el campus universitario, pues estas manifestaciones no son sino parte de la diversidad ideológica y del ejercicio de las libertades que caracterizan a la máxima casa de estudios del país.

En este contexto, cabe preguntarse si detrás de las infundadas denuncias del embajador y de la insistencia del gobierno colombiano en que se realice una investigación sobre la supuesta presencia de las FARC en la UNAM se esconden otras motivaciones. ¿Es que puede aceptarse que un funcionario de primer nivel, representante directo del gobierno de Alvaro Uribe en México, induzca sin conocimiento de sus superiores un potencial conflicto diplomático basado sólo en sus presunciones subjetivas? ¿O es que, por el contrario, las palabras de Guzmán fueron motivadas por la ignorancia, por un afán personal doloso o, peor aún, tuvieron el visto bueno de Bogotá? Si el gobierno de Uribe deploró la "confusión" causada por las declaraciones de su embajador, ¿por qué entonces no llamarlo a cuentas o, al menos, exigirle una rectificación pública? ¿Por qué insistir, así sea ambiguamente, en la idea de que debe investigarse la presencia de las FARC en el país sin antes presentar evidencias que avalen la pertinencia de tales indagaciones?

Todas estas interrogantes no hacen sino inducir preocupantes sospechas, como las externadas recientemente por algunos actores políticos nacionales, de que las declaraciones de Guzmán podrían tener como correlato la realización de labores ilegales de espionaje e inteligencia de entidades colombianas en nuestro país y estarían inscritas en una estrategia, impulsada por el gobierno de Uribe, para internacionalizar el conflicto interno colombiano en el marco de la delirante guerra "antiterrorista" preconizada por George W. Bush.

El terrorismo es una actividad repudiable y criminal que debe ser combatida con las armas del derecho a fin de asegurar la paz y la vigencia de la justicia. Sin embargo, tal premisa no avala en ningún caso el agravio y la acusación infundada ni mucho menos justifica que México sea empujado a participar en una política hipócrita y totalitaria como la que impulsa Washington a escala global, o a sumarse a la cadena de persecución y delación que Uribe ?al convertir a su propia población civil en informantes y milicianos? ha desatado en su país.

El pueblo de México ha mostrado siempre su afecto al pueblo de Colombia y ha sido invariablemente receptivo ante su genuino deseo de paz. Por ello, corresponde a las autoridades mexicanas emitir una protesta enérgica por los hechos protagonizados por Guzmán y toca al gobierno colombiano esclarecer las motivaciones tras las palabras de su embajador y corregir, en su caso, sus eventuales desviaciones. Honrar esa relación histórica de hermandad y solidaridad entre México y Colombia es un imperativo político y un deber moral para los gobiernos de ambos países.