Insta el ombudsman capitalino a legislar en materia de menores infractores

Acepta la PGJDF recomendación por el caso de un niño acusado de violación

La procuraduría sancionará a dos agentes del MP, entre otras acciones en respuesta

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) aceptó en todos sus términos la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF), relacionada con la averiguación previa iniciada a un niño de cuatro años por violación, a quien el Ministerio Público (MP) giró orden de localización y presentación con apoyo
de la Policía Judicial.

Alejandro Delint García, segundo visitador de la CDHDF, consideró satisfactoria la respuesta de la PGJDF, pero indicó que hace falta una reforma de legal, que defina el procedimiento que las instituciones de asistencia social deben seguir en los casos de menores de 11 años a los que se atribuye una conducta delictiva.

Refirió que el ombudsman analiza la posibilidad de realizar una propuesta general, para determinar un marco normativo. "Ya detectamos esa laguna y habría que promover que las instancias competentes hicieran lo conducente; en este caso la Asamblea Legislativa, para subsanar esta laguna en la ley o creando una que pudiera ver estos aspectos".

En tanto, al haber aceptado la PGJDF la recomendación deberá emitir, por decreto del procurador, disposiciones que regulen la actuación del Ministerio Público y sus auxiliares en los casos de menores de 11 años que estén relacionados con alguna averiguación previa, así como acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas de asistencia social.

Lo anterior, debido a que en el caso del DIF-DF, todos los expedientes que sigue el área de atención a menores de 11 años con conductas ilícitas, de la Dirección de Protección a la Niñez y la Familia, los remite a la procuraduría capitalina una vez que ya se hizo la investigación ministerial. El DIF-DF se limita a la localización del menor, según los datos que constan en las mismas actuaciones, pues por ley, al no tener facultades para realizar labores de investigación, no podría recibir el caso sin que la representación social determine que el menor debe ser sujeto a asistencia por haberse acreditado la conducta señalada.

Lo ideal, expuso Delint, es que la autoridad ministerial no inicie la averiguación previa sino un acta especial, y derivarla a una institución de asistencia.

La respuesta de la PGJDF lleva anexos nueve documentos relacionados con las primeras acciones encaminadas al cumplimiento de la recomendación, como el inicio de actas administrativas en contra de dos agentes del MP relacionadas con el caso, aunque dichas acciones son anteriores a la fecha de la recomendación.

En uno de los puntos, la procuraduría establece que "como se había hecho del conocimiento de la comisión, la actuación de los servidores públicos involucrados, de ningún modo tuvo la intención de causar daño al menor ni a sus papás, y que a reserva del resultado de la investigación administrativa y de las medidas que esta procuraduría ya emprende para evitar que en lo sucesivo ocurran estos hechos, es claro que dicho menor difícilmente pudo haber sido interrogado en los términos que aparecen transcritos en las constancias de la averiguación previa, sino que la mencionada transcripción obedece a la obligatoriedad del Ministerio Público de ocupar los formatos previamente establecidos, que actualmente no contemplan la hipótesis de declaración de un menor de edad".

El segundo visitador, si bien reconoce que no hubo dolo en la actuación del MP, afirma que "en el derecho se habla de culpa, y la culpa se traduce en negligencia; entonces no hay mala intención, sino negligencia".

Delint recordó que la Convención Sobre los Derechos del Niño obliga a los países que la suscriben, como es el caso de México, a la "adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos del niño y las garantías legales", por lo que consideró que el tema debe revisarse a fondo y alcanzar una reforma que permita legislar en materia de menores infractores a escala local, lo cual actualmente es exclusivo del ámbito federal, a fin de que el Ejecutivo del DF tenga bajo su tutela el Consejo de Menores.