La reclusión de infantes, acto exagerado: Centro Pro

Anuncian queja ante la CIDH sobre 54 centros para menores infractores

Organizaciones humanitarias se sumaron a la crítica al Estado mexicano hecha el jueves pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a la situación en que viven niños y adolescentes infractores internos en 54 centros.

Incluso, la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia, que aglutina a 55 agrupaciones, anunció que tomará como base ese informe para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y evidenciar "cómo se criminaliza" en el país a los menores, pese a las recomendaciones internacionales que buscan defender sus garantías.

En entrevistas por separado, representantes de los organismos no gubernamentales lamentaron el encarcelamiento automático que enfrentan los infractores ante delitos menores, soslayando el proceso de rehabilitación que por derecho les corresponde.

Alfredo Castillo, primer visitador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, calificó a la reclusión de los infantes de acción exagerada de la justicia, que contraviene el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, ratificada por México hace 12 años, en la cual se pide castigar, según el delito, con rehabilitación o reparación del daño, antes de tomar como último recurso la privación de la libertad.

Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia, coincidió en ese punto. Ambos defensores señalaron que reducir la edad penal no disminuirá la delincuencia juvenil, ni recluir a quien comete un delito menor -el robo de un pan, por ejemplo- en consejos tutelares, que fueron exhibidos por la CNDH debido a las condiciones "infrahumanas" en que mantienen a su población.

Sauri expresó que algunos organismos, como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), catalogan a esos centros de "escuelas del crimen"; por ello, adujo, los integrantes de la red consideran tomar como base el informe presentado por el ombudsman nacional para presentar una queja ante la CIDH, pues el sistema de justicia mexicano no garantiza el respeto de los derechos infantiles consagrados en la Constitución.

Oscar González, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y del organismo humanitario Paz con Democracia, explicó que la delincuencia juvenil tiene sus orígenes en la supervivencia y marginación de los menores y sus familias, y resaltó la importancia de impulsar reformas judiciales que incluyan un proceso de rehabilitación del niño o adolescente antes del internamiento penal.

Agregó que existen "fallas estructurales" en el sistema judicial mexicano que dificultan la protección de los menores en situación carcelaria, entre las que destacan la carencia de un marco jurídico que garantice su defensa y la falta de una homologación en el país para determinar la edad en que alguien debe ser considerado infractor.

En Tamaulipas, por ejemplo, la edad mínima es de seis años; en Aguascalientes, siete; en San Luis Potosí y Tabasco, ocho; en Coahuila, 10; en 14 entidades más, 11 años; en cuatro, 12 años, mientras en Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán, Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, Veracruz y Zacatecas no se tiene contemplada alguna edad.

ALMA E. MUÑOZ Y JOSE GONZALEZ