Es conocido que Hank Rhon intenta apoderarse de propiedades en Xalatlaco, dice

La disputa de tierras favorece al grupo Atlacomulco: comisariado del Ajusco

Para demostrar la posesión de la zona en conflicto, "tenemos documentos de 1542"

JOSEFINA QUINTERO MORALES

El retraso en la solución del conflicto agrario entre las comunidades de Xalatlaco y San Miguel y Santo Tomás Ajusco responde a intereses de empresarios que intentan apoderarse de las tierras, utilizando las legítimas aspiraciones de los campesinos. El nombre y apellidos son de todos conocidos: Carlos Hank Rhon, integrante del Grupo Atlacomulco. Su presencia ha sido constante en la zona, debido a la hegemonía de los gobiernos priístas en el municipio de Xalatlaco, que han tenido una relación cercana con ese grupo e inclusive de los comuneros, por medio de Rafael Ruanova, quien dice ser su asesor jurídico.

Ruanova ha sido señalado por su relación con el Grupo Atlacomulco por varias comunidades indígenas del Distrito Federal. En San Juan Cuapanaye pactó con los empresarios de la Nestlé y pequeños propietarios la venta de tierras. Además, es quien está promoviendo los juicios de nulidad en San Jerónimo Acazulco, Santa María Asunción, Tepexoyuca, Santiago Tilapa, San Pedro Atlapulco y Santa María Coaxuco, en contra de los pobladores.

En Xalatlaco aparece nuevamente en escena, ahora, asegura él, "en defensa de los derechos de los pobladores, quienes protegen su tierra sagrada, porque es ahí donde está el templo azteca más antiguo de la ciudad", el cual no fue mencionado durante los juicios agrarios ni siquiera como referencia.

Joel Othón Peña, presidente del comisariado de bienes comunales de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, explica cuáles son sus orígenes: "Axochco -Ajusco- fue el primer asentamiento tepaneca y los límites abarcaban hasta la delegación Tlapan y pasaban Xalatlaco.

"Era el altepec -cabecera- de todos los poblados de la zona; con la caída de la ciudad de Tenochtitlán, el rey tepaneca, principal caudillo, ordenó, para la protección de sus hijos, a todos los que se hallaban en la Ajusco reducir sus tierras para no tener conflicto con los españoles", explicó el comunero. Para demostrar la propiedad de nuestras tierras, platicó, "tenemos documentos reconocidos por el virrey Antonio de Mendoza que datan de 1542, así como los planos de nuestros antepasados, de 1537". Los títulos originales han sido conservados durante varias generaciones por la familia Romero.

Por su parte, el asesor jurídico de las comunidades de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, Carlos González, manifestó que el conflicto con Xalatlaco sigue, "porque no ha sido debidamente atendido por las autoridades. Esto es lo que ha provocado acciones violentas como las que adoptaron" los comuneros mexiquenses.

González detalló el proceso legal: "El 9 de mayo de 1941 el Departamento Agrario inició el procedimiento para resolver los conflictos por límites, entre las comunidades del Ajusco y Xalatlaco, y el 3 de octubre de 1942, el Departamento de Tierras y Aguas envió para su estudio los títulos que presentó el poblado de Xalatlaco a la sección de paleografía".

El 7 de octubre fueron declarados falsos dentro del procedimiento del conflicto por límites ya instaurado ante las autoridades. El dictamen declara que dichos documentos son apócrifos y los describe de la siguiente manera: "son escritos en papel moderno, tamaño grande, con sellos falsos imitando los antiguos del tiempo colonial. Con un sello del escudo de las armas españolas, en copia, sin fecha alguna y redacción confusa. Dicha copia está contenida en seis fojas del año 1750".

No obstante, fueron estudiados un mandamiento otorgado por el virrey Antonio de Mendoza, de 1542; un testimonio del 7 de octubre 1784; dos amparos de posesión, uno de 1724 y otro de 1786; todos los papeles fueron declarados auténticos.

Títulos falsos

Sobre los resultados de los dictámenes, el Departamento Agrario declaró falsos los títulos de Xalatlaco, el 7 de julio de 1948, y el Presidente de la República dicta la resolución en el expediente sobre conflicto agrario. Determinó que es procedente la solicitud de solución de conflictos, confirmación y titulación de bienes comunales del poblado, en favor de San Miguel Ajusco.

Además, confirmó que debe titularse correctamente a San Miguel Ajusco la superficie de mil 509 hectáreas y en la misma resolución señaló los linderos y el paraje Agua Grande entró en la posesión.

El 27 de junio de 1949 la comunidad de Xalatlaco se inconforma, lo que dio lugar al juicio 8/49, seguido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, el 17 de octubre de 1974 la SCJN acordó revocar la resolución dictada por el Presidente, porque hubo fallas en el procedimiento, pero no acreditó la posesión a Xalatlaco.

Finalmente, explicó González, el expediente fue enviado en 1997 al Tribunal Agrario para su resolución definitiva, ya que partir de las reformas que se hicieron al artículo 27 en 1992, el Presidente de la República dejó de tener facultades para resolver acciones agrarias. Entonces fue al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Federal 24 a quien se remitió el expediente, y el 19 de abril 1999 resolvió en definitiva en favor de las comunidades de Santo Tomás y San Miguel Ajusco.

Agregó que mediante una argucia legal un grupo de comuneros de Xalatlaco interpuso un amparo, pero no toda la comunidad, porque ya había agotado todas las instancias, que fueron en favor del Ajusco. El 16 de octubre de 2002, el juez tercero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal admitió la demanda de amparo en contra de la resolución que emitió el tribunal, pero ese recurso lo interpusieron los comuneros en lo individual, porque argumentaron que ellos tienen posesión de los terrenos en conflicto y no fueron llamados.

Con el amparo a los comuneros de Xalatlaco no se les acredita la posesión, sino que se aplica para que las autoridades no intervengan. Todo se congela. Les dan la suspensión en el entendido de la medida cautelar. Pero la suspensión no les da derecho a violar la ley.

Se violó la ley ambiental

Los comuneros del Ajusco criticaron las declaraciones del jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, porque "no cometió un error al actuar en contra de un acto ilegal. Estaban violando la ley de medio ambiente. Hay un amparo, es cierto, pero no los protege para que destruyan el bosque".

Aclaran que el amparo es para asuntos agrarios y el Gobierno del Distrito Federal puede intervenir en ilícitos en materia ambiental y no afecta la suspensión, aunque el error fue político, porque no llamaron a la comunidades del Ajusco y Xalatlaco.

Aseguran que la comunidad no va permitir la ejecución del convenio, porque están siendo utilizados por el gobierno del estado de México para obtener el control de las tierras. "Es una estrategia. Además tiene como intención golpear al gobierno perredista del Distrito Federal y es evidente, al escuchar las declaraciones del vocero del estado de México", que dice que ganaron un amparo y no es cierto, porque está en trámite; es el 1372/2002. Los comuneros se reunirán hoy en asamblea para definir cómo actuarán para recuperar las tierras que dicen les fueron despojadas.