El sector privado podrá realizar investigaciones y rescatar conocimientos tradicionales

Presentan iniciativa que da manos libres a la explotación de la biodiversidad en Chiapas

La legislación omite temas fundamentales como patentes y propiedad intelectual

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 26 de junio. Diputados locales presentaron una iniciativa de ley para la conservación de la biodiversidad y protección ambiental del estado de Chiapas. La legislación pretende regular la conservación y aprovechamiento de dichos recursos; sin embargo, abre al sector privado la posibilidad de invertir y establecer mecanismos de investigación en la materia, únicamente con la condicionante de que los habitantes de estas regiones obtengan algún beneficio.

En la iniciativa de ley que comprende 290 artículos permanentes y seis transitorios, se otorgan las facultades para regular esta actividad al Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), y crea un Consejo Estatal Ambiental como órgano permanente de evaluación, consulta y asesoría en la materia.

Este último se formaría por un representante del sector social, uno del empresarial, otro de organizaciones ecológicas no gubernamentales, otro del sector académico, uno más de organizaciones de mujeres, uno de la Secretaría de Pueblos Indios y un legislador local.

Los órganos encargados de aplicar dicha ley serían el gobierno local y los ayuntamientos.

En la exposición de motivos se señala que los recursos naturales y la biodiversidad serán protegidos "con el fin de alcanzar el equilibrio entre el crecimiento económico de la entidad y la calidad de vida de sus habitantes", ello en el contexto de la "apertura de los procesos de globalización y regionalización que actualmente se viven".

El desarrollo sustentable, añade la iniciativa, "requiere un balance entre la economía de mercado, la regulación y promoción del Estado y la participación empresarial, social y comunitaria".

La iniciativa establece la creación de un Fondo Estatal Ambiental y propone la creación de Areas de Conservación Privadas. Promueve la formación de un sistema de unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad y otorga criterios para el control de poblaciones que constituyan un "riesgo" a los ecosistemas.

En el artículo segundo, apartado 11, se propone también que dicha ley establecerá las bases para el aprovechamiento de los minerales cuya explotación no es exclusiva de la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejantes a los componentes de los terrenos.

En el artículo 18, apartado 11, se señala que se garantizará el derecho de las comunidades, "incluyendo a los pueblos indios" a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Más adelante, en el artículo 57, la iniciativa de ley señala que el gobierno estatal y los ayuntamientos fomentarán investigaciones científicas y programas para el conocimiento de los recursos naturales, propiciar su aprovechamiento y buscar el rescate de los conocimientos tradicionales. Añade que en este rubro podrán participar instituciones del sector social y privado.

En el artículo 86 se señala que el IHNE deberá prever la participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en los que se distribuye la biodiversidad, así como los asentamientos humanos que comparten su hábitat, en los beneficios derivados del aprovechamiento.

La iniciativa no señala nada sobre los derechos de patente respecto a los resultados de las investigaciones que al respecto se generen, ni de la propiedad intelectual de los mismos, incluidos los que ya poseen las comunidades de los lugares en cuestión.

Esta iniciativa de ley se presenta justo cuando existen numerosas denuncias sobre presuntos proyectos de explotación de los recursos que existen en la selva de Chiapas, y los intentos por desalojar de estos lugares a los pobladores inconformes con esta política.

La iniciativa de ley propuesta por los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México se turnó a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictamen.