En su ofensiva contra la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), el gobierno de George W. Bush se ha colocado en un dilema de difícil solución. El año pasado, el presidente estadunidense promulgó la denominada Ley de Protección de Integrantes de los Servicios de Estados Unidos, la cual establece sanciones contra los países que se adhieran a la CPI y no concedan impunidad ante esa corte a funcionarios, soldados y policías estadunidenses.

Esa legislación llega al extremo delirante de autorizar a las fuerzas armadas que envíen tropas a La Haya --sede de la CPI-- para rescatar a cualquier uniformado estadunidense que sea presentado ante esa instancia de justicia internacional. De modo que, si aplica las leyes que él mismo promovió, Bush tendrá que suspender, a partir de la semana próxima, la asistencia militar a Brasil y Colombia, países que en su momento se adhirieron a la CPI y que hasta el momento se han negado a firmar acuerdos de impunidad con Washington.

En el caso brasileño, la interrupción de la cooperación militar estadunidense, que se reduce a un programa de capacitación de medio millón de dólares al año, no tendría más consecuencias prácticas que una previsible tensión diplomática. A fin de cuentas, Brasil es una nación autosuficiente en el terreno de la defensa, en el cual dispone incluso de una poderosa industria propia. La circunstancia colombiana, en cambio, es mucho más delicada. En su lucha contra las organizaciones guerrilleras y contra las mafias del narcotráfico, las autoridades de Bogotá dependen de la ayuda de Washington en equipos, instrucción y participación directa. Sólo en el primer rubro, la asistencia anual estadunidense asciende a unos cien millones de dólares al año, y sin tales recursos es claro que el gobierno de Alvaro Uribe se vería colocado, a corto plazo, en una situación desesperada.

El problema para la actual administración estadunidense es que Uribe y su gobierno representan una pieza imprescindible en la proyección continental de los delirios antiterroristas que rigen la estrategia global de la Casa Blanca, y que no puede darse el lujo de que el gobierno colombiano se colapse ante las organizaciones insurgentes que controlan buena parte del territorio de la nación sudamericana. En tal circunstancia, da la impresión de que Bush no tendrá más remedio que seguir gobernando de espaldas a sus propias leyes, declarar que Colombia es una "excepción de interés nacional" y mantener la ayuda militar a Uribe.

En términos generales, los vericuetos en los que se ha metido la Casa Blanca ponen en evidencia, una vez más, su doble moral y su hipocresía: Washington celebra que Slobodan Milosevic sea juzgado por la CPI y festejaría ruidosamente la ocasión si consiguiera llevar a Saddam Hussein a ese tribunal internacional, pero se niega a permitir que sus funcionarios y soldados sean procesados en esa misma corte. El motivo de esa renuencia, llevada hasta el chantaje a terceros países, es evidente: tanto en Afganistán como en Irak, múltiples civiles y militares estadunidenses han perpetrado acciones que merecen plenamente ser consideradas crímenes de guerra y de lesa humanidad, no por error o excepción, sino porque la comisión de tales crímenes --asesinato indiscriminado de civiles, atropello de los derechos humanos básicos, destrucción injustificada de infraestructura, y muchos otros-- forma parte de la estrategia de conquista adoptada por el actual gobierno de Estados Unidos como elemento casi único de política exterior. Bush, el vicepresidente Richard Cheney, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld y otros altos funcionarios estadunidenses saben perfectamente que, en términos estrictamente jurídicos, hay sobrados elementos para que ellos mismos, y cientos de sus subordinados, sean sometidos a juicio y condenados por la Corte Penal Internacional.