ONG pide al gobernador Miguel Alemán que intervenga

Denuncian abusos de policías contra sexoservidores en Veracruz

ANDRES T. MORALES CORRESPONSAL

Veracruz, Ver., 20 de junio. El dirigente de la organización homosexual Claroscuro, Juan Carvajal, denunció que la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río (PIVB) detuvo a 10 trabajadores sexuales, a quienes golpeó y despojó de sus pertenencias, sin darles oportunidad de pedir apoyo jurídico.

Sostuvo que la persecución contra hombres y mujeres sexoservidores se intensificó luego de que mediante la prensa local se hizo la denuncia pública de las razzias cometidas por los policías y la responsabilidad del coordinador de la corporación, Jaime Téllez Marie, en los atropellos a las garantías constitucionales de estas personas.

Carvajal aseguró que Téllez Marie, molesto por los señalamientos vertidos en los medios informativos locales, ordenó a sus subalternos incrementar el acoso contra las personas dedicadas al sexoservicio en diversos puntos de la ciudad.

Precisó que las dos semanas anteriores cinco hombres y cinco mujeres sexoservidores fueron detenidos injustificada e ilegalmente por efectivos de la PIVB y trasladados en patrullas a una prisión de la corporación, donde fueron golpeados y despojados de sus pertenencias.

"Es un claro abuso de autoridad, pues no se les da ni siquiera la oportunidad de defenderse o pedir asesoría a alguien; son prácticamente secuestrados, privados de su libertad y agredidos físicamente", dijo.

Sin mencionar el nombre del afectado, señaló que el último caso ocurrió la noche del martes, cuando un grupo de policías bajo el mando del "comandante Cadena" aprehendió a un joven de 25 años, en la esquina de la avenida Gómez Farias y el bulevar Manuel Avila Camacho.

"Le robaron sus cosas, lo golpearon, le impidieron comunicarse con alguna persona conocida y lo retuvieron hasta la tarde del miércoles", abundó.

Juan Carvajal comentó que tanto el "comandante Cadena" como el mismo coordinador Téllez Marie se han encargado de lanzar amenazas en su contra por difundir los atropellos cometidos.

Los afectados piden la intervención del gobernador Miguel Alemán para detener la persecución e iniciar investigaciones sobre los policías y los mandos responsables.