Hubo trasfondo político, afirman autoridades del GDF

Microbuseros marcharon a Los Pinos y al Zócalo para plantear sus demandas

LAURA GOMEZ FLORES

Ante la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas por proliferación de unidades piratas, invasión de rutas y abuso de autoridad de inspectores del Transporte, prestadores del servicio público de pasajeros, agrupados en la organización Rutas Unidas, anunciaron que continuarán sus movilizaciones la próxima semana e iniciarán una huelga de hambre, si es preciso, para que "se nos haga justicia".

Tras ocho horas de protestas, en las cuales acudieron a la residencia oficial de Los Pinos, la Secretaría de Transporte y Vialidad y las oficinas de gobierno en el Zócalo, a entregar un documento con las denuncias penales interpuestas por esas irregularidades, José Antonio Sánchez, representante de la agrupación, acusó al gobierno capitalino de favorecer a su partido al no solucionar su pliego, "que tiene más de seis meses archivado".

El secretario general de Gobierno, Alejandro Encinas, rechazó tal afirmación y mencionó que esta primera marcha de microbuseros tiene trasfondo político, pues "están ligados al Partido Acción Nacional y encabezados por su dirigente, José Luis Luege Tamargo". Su posición fue respaldada por el titular de la Setravi, Francisco Garduño, al señalar que "ahora sí, sin tapujos están demostrando su filiación partidista".

Sus preferencias políticas, aclaró en entrevista, no son incumbencia de las autoridades, pero sí que obstaculicen las calles con fines meramente políticos, porque sus demandas se analizan en diversas mesas de trabajo y se les ha demostrado que son ellos, en rutas como la 18, en Cuautepec, quienes invaden los derroteros, y no se les condonará el pago de uso de paraderos de 2003, como sucedió con los años anteriores.

Así, a quienes no hayan cubierto sus cuotas de 108 pesos mensuales se les impedirá el paso a estos lugares, como sucede en Zaragoza, dijo, al señalar que aun con "marchas y protestas" continuarán los operativos de detención de unidades con vidrios polarizados, para reducir la intranquilidad de los pasajeros; y de operadores que circulen a alta velocidad, realicen paradas en el arroyo vehicular, se pasen la luz roja o pongan música a alto volumen.

Por ello los llamó a regresar a la mesa de negociación, de la cual se levantaron el pasado jueves, para resolver estos asuntos y no afectar a la ciudadanía, como sucedió ayer, al afectar vialidades primarias durante la marcha que realizaron, desde las 11 horas, hacia Los Pinos, en la cual participaron 400 operadores y 250 microbuses y autobuses.

En las cercanías de este lugar se suscitó el único conato de violencia, cuando un grupo de granaderos les cerró el paso, pero el llamado de sus dirigentes a guardar la calma evitó que los ánimos se caldearan. Una comisión entregó en atención ciudadana su pliego de demandas y una solicitud para que intervenga en su solución.

De ahí partieron en caravana hacia las oficinas de la Secretaría de Transporte ubicadas en avenida Alvaro Obregón, donde "no nos dieron ninguna solución, sólo largas a un asunto que tiene varios meses archivado, sin importarles la suerte de más de mil familias que resultan afectadas por la invasión de derroteros y la proliferación de unidades piratas", señaló Sánchez Escalante.

Ante ello se dirigieron a la sede del gobierno capitalino, donde realizaron una protesta y entregaron sus demandas, para después dirigirse a sus casas, "con la esperanza de que nos hagan caso, porque de lo contrario tomaremos otras medidas de presión, pues está en juego el sustento de nuestras familias", advirtieron algunos de los inconformes.