Manuel Cadena será el interlocutor directo del gobierno mexiquense con los campesinos

Se destraba la negociación con Atenco

Una comisión se reunió el miércoles con el funcionario; reanudarán las mesas de diálogo el 25

JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSAL

Atenco, Mex., 20 de junio. El secretario general de Gobierno mexiquense, Manuel Cadena Morales, será el interlocutor directo que encabece las mesas de diálogo y negociación con los campesinos de San Salvador Atenco integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que habrán de reiniciarse el miércoles 25 de junio.

La noche del pasado miércoles, una comisión del FPDT se reunió a puerta cerrada con Cadena Morales en un hotel cercano al aeropuerto del DF.

Ahí, ambas partes acordaron reiniciar las mesas de diálogo que se suspendieron desde el pasado 22 de mayo, cuando José Salinas Navarro, subsecretario regional del gobierno del estado de México, se declaró incompetente para resolver la problemática.

Saúl Ríos e Ignacio del Valle Medina, dirigentes del movimiento de resistencia, informaron que en la reunión Cadena Morales se comprometió a ser el único interlocutor directo en las mesas por parte del gobierno estatal. Así, finalmente el gobierno mexiquense cedió a la demanda de los ejidatarios de cambiar el interlocutor. Sin embargo, aún falta por definir el lugar y la hora del reinicio de las negociaciones.

Los ejidatarios le expusieron a Cadena Morales que a cambio de la entrega de las instalaciones del palacio municipal y de varios vehículos, el gobierno tendrá que retirar todas las órdenes de aprehensión, averiguaciones previas y cancelación de procesos penales, además de asumir su responsabilidad en la muerte de José Enrique Espinoza e indemnizar a sus deudos.

Sin embargo, los miembros del FPDT advirtieron que aun cuando se reanuden las mesas no se permitirá el desarrollo de las elecciones federales el próximo 6 de julio y las municipales extraordinarias.

Existen 59 averiguaciones previas de los fueros común y federal contra los labriegos, derivadas de su lucha contra la construcción del nuevo aeropuerto, en donde se involucra a más de 300 ejidatarios, además de 12 procesos penales vigentes.