Fijarán su posición sobre auditorías a cuatro bancos

Vocales del IPAB comparecerán mañana ante legisladores

ANTONIO CASTELLANOS

Héctor Tinoco, Adalberto Palma y Carlos Isoard, vocales del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), comparecerán mañana jueves ante la Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente del Congreso para exponer sus puntos de vista sobre las auditorías a Banamex, Bancomer, Banorte y Bital.

Como se sabe, más de 45 mil millones de pesos están en duda y el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) insiste en que deben probar su legalidad o responder por ellos. La ley del IPAB establece que en caso de encontrar irregularidades los infractores tendrán que asumir su plena responsabilidad legal y económica.

El programa de capitalización y compra de cartera consignado por el instituto en su reciente informe establece un total de 208 mil 409 millones de pesos en el que se incluye a Banamex, Bancomer, Banorte y Bital. La falta de información clara obligó al Banco de México a solicitar detalles de este proceso.

El reporte del auditor superior de la Federación establece que la mayor parte de los créditos con problemas pertenece a Banamex, con un valor aproximado de 35 mil millones de pesos, pero ninguno de los bancos ha aceptado ser auditado; señalan que la auditoría ya la hizo el Congreso por conducto de Michael Mackey.

El programa citado tuvo una variación nominal de 6.8 por ciento con respecto al cierre de diciembre de 2001, al pasar de 195 mil 226 millones de pesos a 208 mil 409 millones al término de 2002. Este crecimiento deriva de la capitalización de intereses generados por los pagarés que conforman el programa.

De este total 76 mil 519 millones corresponden a Banamex; 91 mil 698 a BBVA Bancomer; 11 mil 880 a Banorte, y 28 mil 311 a Bital. Esta es la parte que los dueños de los bancos se niegan a que sea revisada y algunos analistas financieros destacan que la razón es muy clara: es probable que la cifra de créditos irregulares sea mayor.

En reportes internos del instituto se hace notar que el camino más viable es que el Poder Judicial decida pronto si ampara o no a los banqueros contra la auditoría planteada por la ASF.

En caso de que sean protegidos por la justicia federal tendrían que someterse a otras revisiones para aclarar la legalidad de los pagarés que están en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

En el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB se establece que en caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales, el instituto, mediante resolución de la junta de gobierno, podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones, mismas que deberán designar otros activos por un monto equivalente al de los créditos devueltos a satisfacción del instituto.

En caso contrario, éste reducirá el monto respectivo de la garantía o instrumento de pago respectivo. Cuando la ilegalidad del crédito sea atribuible a la administración de la institución de que se trate, ésta deberá absorber el costo de dicho crédito y el instituto reducirá el monto de la garantía o instrumento de pago.