La intención es llegar a un acuerdo sobre las revisiones exigidas por la ASF

Bancos en controversia expresan plena voluntad de negociar con diputados

Banamex, Bancomer, Bital y Banorte rechazan de manera tajante haber realizado operaciones irregulares en el programa de capitalización, afirma ejecutivo bancario

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Los cuatro bancos involucrados en la controversia legal sobre la revisión de uno de los programas de saneamiento financiero emprendidos por el gobierno durante la crisis de 1995 expresaron ayer ''plena voluntad'' para entablar una negociación con la Cámara de Diputados y llegar a un acuerdo sobre las revisiones exigidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso.

''El retraso en la solución de esta controversia no ha afectado la calificación de los bancos involucrados (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) ni tampoco su situación financiera'', expresó Jorge Hierro, director ejecutivo de relaciones institucionales de Banamex-Citigroup, quien además ha actuado como el encargado de fijar la posición de las instituciones señaladas en la controversia iniciada por la ASF. ''Por la importancia y sensibilidad del asunto nos conviene resolver a la brevedad y de la mejor manera la controversia y cerrar definitivamente este tema de la agenda del pasado'', sostuvo el funcionario bancario.

La controversia en torno a las eventuales irregularidades cometidas por los cuatro bancos al amparo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), realizado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante la crisis de 1995, creció esta semana después de que el Banco de México confirmó que presentó una demanda judicial para exigir a los bancos involucrados la información sobre los créditos que fueron transferidos al Fobaproa.

En su papel de fiduciario, es decir, de administrador del Fobaproa, el Banco de México presentó en los primeros cuatro meses de este año demandas mercantiles en contra de los bancos citados, con el propósito de obtener de las instituciones la información sobre los créditos que traspasaron al Fobaproa en el marco del PCCC. En abril pasado, la ASF, en el informe sobre la cuenta pública de 2001, reportó que estas instituciones transfirieron al Fobaproa, de manera irregular, obligaciones por 45 mil millones de pesos.

Después de conocido el informe de la ASF, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) dio a conocer que no realizaría el intercambio de los pagarés emitidos por Fobaproa por otros bonos amparados por el IPAB hasta que no sea realizada la auditoría pedida por la ASF, la cual también está prevista en la ley que creó al instituto.

El cambio de los pagarés es importante, porque forman parte de los activos de los bancos involucrados. En caso de que fueran desconocidos por el IPAB, el capital de las instituciones se vería mermado en la cantidad de, al menos, 45 mil millones de pesos. La semana antepasada, la firma Moody's declaró al diario británico Financial Times que si los pagarés fueran desconocidos los bancos enfrentarían falta de capital.

En una conversación telefónica realizada ayer por la tarde, Jorge Hierro dijo que los cuatro bancos involucrados en la controversia legal con la ASF, el IPAB y el Banco de México rechazaban de manera tajante haber realizado operaciones irregulares en el PCCC emprendido por el Fobaproa.

En el Congreso existe, desde hace dos semanas, una propuesta de punto de acuerdo impulsada por legisladores del PRI para poner fin a la controversia. Ese documento plantea que los bancos se desistan de los amparos interpuestos contra los actos del IPAB, a cambio de que se realice una revisión al PCCC.

Jorge Hierro explicó que esa propuesta, publicada en todos los diarios, ''no la conocemos formalmente''. Afirmó que los cuatro bancos involucrados están en pláticas con los legisladores para ''conocer oficialmente esa propuesta y cuando la conozcamos en su totalidad fijaremos una postura. Lo que sí queremos dejar claro es la voluntad de los bancos por entablar una negociación para solucionar este tema''.

De acuerdo con el directivo de Banamex Citigroup, la revelación de que el Banco de México también presentó demandas para reclamar la información sobre las operaciones del PCCC no constituye un frente más en el contencioso legal que han emprendido para evitar la auditoría y la entrega a la ASF y al IPAB de la información sobre las ventas de cartera al Fobaproa.

''En el único frente jurídico que están involucrados los bancos es en el amparo contra el IPAB por el asunto de las revisiones o auditorías. Relacionado con eso se inscribe la demanda del Banco de México'', explicó Hierro.

Comentó que la demanda del Banco de México tuvo su origen cuando el IPAB quiso hacer auditorías a los cuatro bancos involucrados en el PCCC. La banca aseguró que esas revisiones ya las había hecho el Congreso cuando contrató al canadiense Michael Mackey. ''Ante esto no hubo acuerdo y se llevó el caso a tribunales para que sea el sistema judicial el que determine quién tiene la razón'', expuso.

Jorge Hierro explicó que el caso del banco central empezó cuando la ASF solicitó información sobre las operaciones del PCCC a la Secretaría de Hacienda; ésta a su vez la requirió al Banco de México y el instituto central a los bancos.

''Los bancos no damos esta información porque se contrapone, va en contra del amparo que estamos promoviendo contra el IPAB'', precisamente para no entregar esos documentos, señaló Hierro. ''La respuesta que tenemos para el Banco de México es que no entregamos esa información porque va en contra de la estrategia del amparo que estamos promoviendo'' y sobre el cual todavía no hay una sentencia definitiva.

Hierro explicó que el banco central presentó la demanda porque actúa como fiduciario del Fobaproa y no en su carácter de autoridad monetaria o de regulador del sistema financiero. ''Si el fiduciario del Fobaproa hubiera sido, por poner un ejemplo, Nacional Financiera, pues entonces esa institución hubiera presentado la demanda''.