México D.F. Viernes 13 de junio de 2003
Justifica Profepa la sanción al consorcio Riu; hubiera sido primitivo tirar toda la obra, dice
"Construir y luego pedir permiso", mensaje a hoteleros en Cancún
El grupo español deberá recuperar la playa aledaña y demoler el último piso de una de sus torres
La multa de $36 millones garantiza que en la ciudad puede violarse la ley, afirma regidor panista
DAVID SOSA FLORES CORRESPONSAL
Cancun, QR, 11 de junio. Al suspender este martes la clausura de una de las dos torres que edifica en este puerto turístico la cadena hotelera española Riu, el gobierno federal envió a los inversionistas el mensaje de que "es mejor pedir perdón que pedir permiso", señalaron empresarios, partidos políticos y grupos ambientalistas.
A su vez, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), José Campillo, sostuvo que fue un "castigo ejemplar" al consorcio Riu la multa de 36 millones de pesos que se le impuso por construir un hotel sin la manifestación de impacto ambiental (MIA), sanción con la que se le permitió reiniciar su obra, a condición de recuperar la playa aledaña y demoler el último piso de uno de sus edificios del complejo hotelero.
Jesús Almaguer, directivo de la cadena española Oasis, sostuvo que con la resolución del caso de Riu, los inversionistas "conocemos el camino a seguir": edificar un desarrollo turístico antes de tramitar los permisos respectivos. Añadió que con la decisión "el gobierno manda un mensaje muy negativo a los inversionistas".
En tanto, Rodrigo Tello, regidor panista, señaló que la sanción garantiza a los inversionistas que en Cancún "pueden romperse las leyes con la complicidad de las autoridades".
Aparte, Alejandro Ramos y Patricia Sánchez, dirigentes estatales de PRD y PAN, respectivamente, afirmaron que "quedó en el aire" la promesa del titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, de castigar a los propietarios del hotel Riu y pugnar por la demolición del inmueble.
Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab, anunció que impugnaría la decisión de la Profepa. Señaló que la dependencia violó la ley, pues no tiene facultades legales para autorizar a Riu a proseguir con su obra. Refirió que la empresa no presentó en tiempo y forma la MIA para edificar su hotel, y cuando lo hizo la Semarnat la rechazó por estar mal realizada.
Profepa se defiende
En gira de trabajo por la entidad, José Campillo dijo que al permitir que continuara la obra de Riu se impidió que trabajadores de la construcción se quedaran "sin una fuente de empleo". Argumentó que "hubiera sido muy primitivo ordenar la demolición total del hotel".
La multa por la cual Riu continuó la edificación de un hotel de más de 300 habitaciones fue resultado de cuatro meses de trámites, que se iniciaron cuando la obra se clausuró, en marzo pasado. En cuanto al otro edificio del complejo, inaugurado bajo amparo el 17 de mayo anterior, se le levantó el procedimiento administrativo que le seguía la Profepa, luego que la empresa depositó una fianza de 13 millones de pesos que se aplicará si se incumplen las obligaciones, más lo que se derive en las revisiones por impactos de daños, explicó Campillo. Según el funcionario, este convenio con la parte infractora es "razonable y suficiente", pues el dinero se destinará a un fideicomiso para mejoras ambientales en el municipio.
Campillo acotó que "no nos tembló la mano (al imponer la multa), porque tenía que caber la prudencia, debido al gran número de personas que esperan que se abran las puertas de esas instalaciones para tener un trabajo".
Clausuran simbólicamente hotel donde mataron 500 iguanas
Unas 30 personas, encabezadas por Sara Rincón Gallardo, presidenta de la Sociedad Protectora de Animales, clausuraron de manera simbólica las instalaciones del hotel Sheraton, en protesta por la matanza de más de 500 iguanas, efectuada el 5 de junio pasado, por orden del gerente del centro de hospedaje, Dieter Roesler, quien argumentó que los reptiles invadieron el lugar y "molestaban a los turistas". Los activistas exigieron la renuncia del directivo del hotel, y recordaron que la iguana es una especie protegida por las normas oficiales mexicanas, pues está en peligro de extinción.
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