CASO SERPICO

Se congratula por la decisión de la SCJN de convalidar la extradición de Cavallo

AI: la justicia puede ser una meta menos distante con cooperación internacional

Critica la limitación del fallo que impide juzgar al ex militar argentino por tortura

Este último delito es un crimen de lesa humanidad y por ello no prescribe, señala

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 12 de junio. Amnistía Internacional (AI) manifestó hoy su convencimiento de que con resoluciones judiciales como la emitida el pasado miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México es posible que "con cooperación internacional la justicia puede ser un objetivo menos distante". Criticó, sin embargo, la limitación del fallo, que niega la posibilidad de juzgar a Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de la Armada argentina y presunto genocida y represor, por los delitos de tortura.

Según la organización de defensa de derechos humanos, "los estados tienen la obligación de asegurar que los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos sean investigados, y cuando las pruebas lo permitan, sean enjuiciados donde quiera que se encuentren -sea cual sea su nacionalidad o la de la víctima - o bien extraditados a otro Estado que esté dispuesto a hacerlo", señala en un comunicado.

AI considera que el fallo judicial emitido en México "marca un hito y representa un reconocimiento importante de esta obligación, pero la decisión de la Corte no tiene el alcance suficiente, ya que no concede la extradición para enfrentar cargos de tortura, como había sido solicitado por las autoridades españolas".

Cavallo, que deberá ser entregado a la justicia española en unos 30 días, será juzgado por los delitos de genocidio y terrorismo, una acusación basada en un abultado sumario que acredita su participación en el exterminio, las torturas y las desapariciones forzadas de cientos personas, así como en el secuestro de niños y el asesinato de mujeres embarazadas, durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983).

El juicio, que será público, podría iniciar en enero próximo en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del magistrado Baltasar Garzón.

AI considera, a pesar de su respaldo a la sentencia de la SCJN, que "el uso generalizado y sistemático de tortura bajo los gobiernos militares en Argentina constituye un crimen de lesa humanidad y, por tanto, no está sujeto a prescripción con base en el derecho internacional, por lo que es contraria a las obligaciones de México como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que prohíbe que el crimen de lesa humanidad de tortura prescriba".

No obstante, reconoce el enorme impacto positivo del fallo: "es un fuerte recordatorio a los fiscales y tribunales de todo el mundo de su deber, bajo el derecho internacional, de juzgar a presuntos autores de tortura y otras violaciones graves a los derechos humanos que se encuentren en su territorio, o de extraditarlos a estados capaces y dispuestos a someterlos a un juicio justo".