Carencias de personal y extraños candados cibernéticos, la tónica general

Reservas y descontrol al abrir sus archivos la administración pública

La Presidencia de la República registró 105 solicitudes de información; STPS y Sedeso, tres

Las cerca de 250 unidades de enlace de la administración pública federal abrieron ayer sus archivos para dar respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos mexicanos, en medio de carencias de personal, contrastes en la calidad y actualidad de los datos, descontrol de algunas de las unidades, extraños candados cibernéticos o reservas de documentos que no estaban previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entró en vigor.

Hubo grandes contrastes en la cantidad de solicitudes de información por dependencia. Por ejemplo, mientras la unidad de enlace de la Presidencia de la República registró hasta las 19:30 un total de 105 solicitudes de acceso -algunas fueron por audiencia personal, otras a través del Sistema Integral de Servicios Informativos (SISI)-, la Secretaría del Trabajo informó que sólo registró tres solicitudes, al igual que la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Educación Pública, la dependencia más grande del gobierno federal, contabilizó sólo 20 solicitudes vía Internet y una que se realizó personalmente en la unidad de enlace, mientras que en la Secretaría de la Función Pública hubo 16 solicitudes, de las cuales 11 fueron vía electrónica y cinco en forma personal.

Interés por Reyes Tamez

La SEP cuenta con 50 unidades administrativas o direcciones generales. Llamó la atención una de las solicitudes de información: un ciudadano pidió la agenda del secretario Reyes Tamez día por día del mes de mayo.

Entre otros casos, como la unidad de enlace de la Secretaría de Salud, no se contaba con el formulario para presentar las peticiones, por lo que se fotocopió el formato publicado en el Diario Oficial. Resalta el caso del ISSSTE, cuyo portal de Internet contiene una lista de 30 páginas con la información reservada o confidencial a la cual los ciudadanos no podrán tener acceso. Esta institución dejó fuera todo lo relativo al diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio, así como las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas.

Vaguedad y atraso caracterizan también a la información que la Secretaría de Comunicaciones puso a disposición del público en su página de Internet. En ella sólo se ofrecen datos estadísticos hasta 2001, sobre la infraestructura a su cargo (carreteras, autotransportes, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, servicios postal, telegráfico, de telefonía, de telecomunicaciones, comunicaciones vía satélite, radio y televisión). La más reciente información se refiere a las licitaciones de obra pública y enajenación de bienes y el estado del ejercicio presupuestal a diciembre de 2002.

Contrastante es la información de las secretarías de Agricultura y de Reforma Agraria. Mientras la Sagarpa presenta datos de los 13 organismos del sector, no existe un desglose de la situación de los 27 ingenios expropiados en septiembre de 2001. La SRA tiene actualizada hasta 2003 la información del Procampo, pero en todo lo relativo al desglose de la regularización de tierras ejidales se indica que se debe consultar a las delegaciones estatales.

A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente puso en operación su módulo de transparencia con dos personas para atender al público y una fotocopiadora. La coordinadora de la unidad de enlace, Regina Barba Pirez, consideró que los temas en que se espera mayor demanda de información son agua, bosques, zonas federales marítimas y terrestres, y casos de trámite como impacto ambiental, biodiversidad y contaminantes. Aclaró que ya existen informes de impacto ambiental, aunque a diferencia de la mayoría de las dependencias no tenía registrados los salarios de los funcionarios, sus gastos de viaje y representación y los recursos que deben destinarse al Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer información permitida por la nueva ley, entre la que se incluye la percepción ordinaria bruta mensual del Presidente de la República, que es de 232 mil 431.20 pesos, y de los secretarios de Estado, que asciende hasta 235 mil 929.30. La dependencia publicó que anualmente el Sistema de Administración Tributaria deberá elaborar y hacer público un programa de mejora continua que establezca metas específicas sobre el combate a la evasión y elusión fiscales.

Instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, incorporaron en sus portales cibernéticos apartados relacionados con la ley de acceso. En la UAM, al igual que en la UNAM, se creó una unidad de enlace que tendrá a su cargo, sobre todo, vigilar que la información considerada reservada o confidencial no esté accesible al público.

En la página de Internet del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se incluyó la información sobre los ingresos salariales de todos los servidores públicos, sus presupuestos y otros rubros de información general.

Por otra parte, frente a las críticas que se han realizado a la nueva ley que entró ayer en vigor, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, recordó que esta norma fue aprobada en el Congreso de la Unión por unanimidad y que el reglamento ha sido sometido a consultas con especialistas e interesados.

Consideró que este jueves fue un ''día muy importante'' para el desarrollo político y democrático del país. El titular de Gobernación pidió a la sociedad que se conceda una oportunidad a esta ley en estos meses, a fin de que se pueda valorar su importancia más adelante, ''porque estamos seguros que representa un avance

Según un estudio de la firma Price Waterhouse Coopers del año 2001, la falta de transparencia en la administración pública mexicana puede llegar a representar 15 por ciento de costos adicionales para las empresas.

La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Marván Laborde, subrayó que ''no habrá ya servidores públicos protegidos por la opacidad; por el contrario, ahora estamos obligados a trabajar para la creación de una nueva cultura que parte del supuesto de que la única manera de cumplir con nuestras responsabilidades es con la conciencia clara de que todo expediente es público, ya que aun en los casos en que sean clasificados como reservados, en un futuro próximo, no mayor a 12 años, serán públicos''.

Por su parte, el responsable de la unidad de enlace de la Presidencia de la República, Edgar González Contreras, integrante también del Comité de Acceso a la Información de la oficina del Presidente, consideró que la información ''más detallada'', dependerá de los ''diversos filtros o candados'' que establece la propia ley, además de que ''falta mucho tiempo todavía'' para que cada una de las dependencias ''tenga definido y clasificado qué información de su competencia es del interés ciudadano''.

González Contreras hizo notar que ''al paso del tiempo'' las propias solicitudes marcarán la pauta a las dependencias, a fin de que inicien el proceso de identificación de ''rubros temáticos'' y asuntos de su competencia, con el derecho que tienen de ''sellarlos'' como casos de ''reserva temporal'' que pueden ir de uno a doce años.

El coordinador general de Atención Ciudadana de la SEP, Humberto Salazar, precisó que la información reservada de esta dependencia será de dos tipos: los documentos o programas educativos que estén en fase de preparación, y los datos confidenciales de las personas como calificaciones, nombres de los padres de los alumnos, direcciones, edades, etcétera.

En la mayoría de las dependencias federales, todos aquellos solicitantes de información que vivan fuera del Distrito Federal, pueden mandar una carta a la unidad de enlace, entrar a sus respectivas páginas de Internet o acudir a las delegaciones de las secretarías en cada entidad.

Contrasta en los organismos desconcentrados, como el IMSS, que no se precisan los temas considerados confidenciales, aun cuando el ISSSTE tuvo un amplio listado de información reservada o confidencial. En esta dependencia, el encargado de la unidad de enlace es René Fujiwara Apodaca, y en el Seguro Social es Carmen Zepeda.

En la Secretaría de Medio Ambiente, la coordinadora es Regina Barba Pirez; en la Sedeso, Rafael Domínguez Morfín; en la STPS, el subsecretario Fernando Franco González Salas, puso en operación el módulo que se coordinará con otros centros de atención de diversos organismos, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.