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México D.F. Sábado 7 de junio de 2003

El titular de la Corte Suprema reitera que no dimitirá

De la Rúa declarará en tribunal sobre cinco muertes en Argentina en 2001

AFP Y DPA

Buenos Aires, 6 de junio. La jueza federal María Servini de Cubría citó a declarar al ex presidente Fernando de la Rúa por la muerte de cinco manifestantes durante la revuelta popular del 20 de diciembre de 2001, que precipitó su renuncia, informaron este viernes fuentes judiciales.

De la Rúa debe comparecer el 17 de junio ante la jueza, quien lo interrogará por los presuntos delitos de "homicidio culposo" y lesiones durante la violenta represión policial en el centro de Buenos Aires.

Al citar a De la Rúa, Servini de Cubría hizo lugar a un pedido del fiscal Luis Comparatore, quien desde enero de 2002 solicita que el ex mandatario responda por el deceso de esas cinco personas.

Además, el 26 de julio de 2002 la sala uno de la Cámara Federal encomendó a la magistrada la indagatoria de De la Rúa y del fallecido ministro del Interior, Ramón Mestre, por los mismos hechos.

En la causa ya se encuentran procesados, sin prisión preventiva, Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interior, y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal.

Para los abogados de De la Rúa, los hechos violentos de diciembre de 2001 "excedieron el ámbito de responsabilidad" del ex mandatario, por lo que un llamado a indagatoria responde a "una concepción arbitraria" de la causa.

Por otro lado, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, reiteró hoy que no está dispuesto a renunciar a su cargo, pese a las acusaciones del presidente Néstor Kirchner y el juicio político que se le inició el jueves en el Congreso.

Nazareno y otros integrantes son acusados de haber pertenecido a una Corte Suprema "adicta" a las necesidades del ex presidente Carlos Menem (1989-99), quien los designó tras aprobar una ampliación del número de jueces, formando una llamada "mayoría automática" que benefició a su gestión en casi todas las sentencias.

El gobierno reforzó hoy su ofensiva para desplazar a Nazareno, al acusarlo de haber cometido "importantes irregularidades". El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Béliz, declaró que existen "40 causales nuevas de juicio político en el Parlamento".

En declaraciones a radio Continental, fue más allá y acusó a muchos jueces de la Corte Suprema de "estar emparentados con el delito".

Béliz citó entre las causales para un juicio de destitución que Nazareno no se apartó de una causa por tráfico de armas a Croacia y Ecuador "cuando era socio de Menem", y que cobró un beneficio por desarraigo (estar fuera de su lugar de residencia) mientras vivía en La Rioja, su provincia natal y la del ex presidente.

Pero Nazareno respondió que no dimitirá al cargo que ejerce desde 1993, "nada más para que se respete la institución", tras señalar a Kirchner que "no se puede pensar permanentemente en descabezar los poderes del Estado", en referencia a que el mandatario resolvió renovar la Corte Suprema y la remoción de la cúpula de la fuerzas armadas, además de otras medidas que buscan un cambio en diversos órdenes.

Pese a todo, la desprestigiada corte tiene previsto analizar la semana próxima un caso relacionado con la redolarización de los depósitos pasados a pesos en 2002, lo cual podría causar un nuevo terremoto financiero si el alto tribunal falla en favor del particular demandante.

Por otra parte, el ex presidente Raúl Alfonsín justificó la promulgación durante su gobierno de las leyes de amnistía de Obediencia Debida y Punto Final, que beneficiaron a los represores que actuaron durante la pasada dictadura, y pidió que el debate sobre su validez se resuelva "al margen de la puja o conflicto de poderes".

Agregó que esas normas "eran válidas en su momento e indispensables para proteger los derechos humanos del futuro".

La Corte Suprema analiza si esas leyes son inconstitucionales, y "dictará sentencia conforme a sus convicciones y a las constancias y antecedentes del proceso", indicó Alfonsín en una carta a los presidentes de los bloques de diputados y senadores de su partido, la Unión Cívica Radical.

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