El abogado Miguel Angel de los Santos explica 4 años de acciones de ONG en Chiapas

El derecho internacional legitima el ejercicio de la autonomía indígena

La Red de Defensores Comunitarios capacita a promotores de derechos humanos

Ha conformado 14 equipos y cada uno atiende 30 comunidades en promedio

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 6 de junio. El hecho de que en México no se reconozca a los pueblos indígenas su derecho a la libre determinación y autonomía "representa una violación de las normas del derecho internacional; sin embago, este mismo marco internacional dota de legitimidad al ejercicio de la autonomía y autodeterminación que los pueblos han comenzado a practicar", apunta el abogado Miguel Angel de los Santos a propósito de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, que esta semana cumple cuatro años.

El levantamiento zapatista "reveló la decisión indígena de asumirse en protagonistas de su futuro y convertirse en sujetos de la historia. Que se niegue la reforma constitucional en materia de derechos indígenas para reconocer la autodeterminación y autonomía no ha impedido que estos derechos se estén ejerciendo en las regiones indígenas".

Recuerda que en un momento de crisis en materia de derechos humanos, y tras varios años de guerra, paramilitarización y resistencia indígena, en 1999 se fundó la red. La conforman 28 defensores indígenas que trabajan en las regiones Zona Norte, Yajalón, San Jerónimo Tulijá, Centro-Altos, Palenque, Chancalá, Chilón, Fronteriza, Sierra-Costa, Villa de Las Rosas, Tierra y Libertad, Morelia, Salto de Agua, y La Montaña. Son 14 equipos y cada uno atiende 30 comunidades en promedio. En cada una de esas comunidades, además, los defensores han capacitado a promotores de derechos humanos que trabajan a escala local en coordinación. Su consigna ha sido "asumiendo nuestra propia defensa", y participan en la vasta transformación social que experimentan los pueblos en Chiapas.

Animador inicial del proyecto, el abogado Miguel Angel de los Santos evalúa: "Las comunidades indígenas comienzan a vivir sus reivindicaciones y a tomar mayor conciencia de su función histórica; exigen el derecho de acceder a las instancias del Estado que les pertenecen y comienzan a asumir su defensa. Toman el control sobre aspectos fundamentales de su cultura. Llevan a cabo proyectos propios de educación, salud y justicia. La defensa de sus derechos humanos es una expresión más del ejercicio de su autonomía".

En Chiapas, agrega, "la población indígena y campesina ha sido la más afectada por políticas oficiales que frenan las inconformidades sociales sin considerar los derechos humanos. En un escenario de violaciones generalizadas y sistemáticas aparecieron los organismos no gubernamentales que defienden estos derechos". Destaca el papel de la autonomía indígena que surgió tras la rebelión zapatista: "Esa lucha es inseparable de la defensa y promoción de los derechos humanos. La red plantea un nuevo modelo en la defensa de los derechos, a la vez que fortalece la autonomía de los pueblos indígenas".

Muchas de las violaciones a los derechos humanos se derivan de reclamos agrarios o de justicia, o por inacción de las autoridades para frenar abusos, lo cual "ha significado torturas, privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, desalojos masivos de indígenas y campesinos". México, se reconoce, "ha sido sujeto de atención de los organismos que defienden los derechos humanos en el ámbito internacional, en particular después de 1990. Esto tiene que ver con periodos de mayor gravedad en la situación, pero también con el momento histórico en que la sociedad civil comienza a responder de manera organizada".

El primer organismo de defensoría en Chiapas fue el Comité Diocesano de Ayuda a Inmigrantes Fronterizos, creado en 1986 por la diócesis católica de Tapachula. En 1989 religiosos, periodistas y otros profesionales fundan el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, presidido por el obispo Samuel Ruiz García. Posteriormente nacen el Centro de Derechos Indígenas en Chilón, el Comité de Defensa de la Libertad Indígena, de Palenque, y el Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada, en Ocosingo. Según el abogado, "la labor de las ONG, junto con otras expresiones de la sociedad civil, fue fundamental para frenar la guerra en 1994 y la ofensiva militar contra las comunidades en 1995. También han evitado mayores violaciones a los derechos humanos a partir de la denuncia y difusión de los casos".

La red de defensores (que en 2002 llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el rechazo de decenas de comunidades a la "ley indígena" foxista) se inspiró en la defensa de presos indígenas injustamente detenidos en 1995, lo cual dio origen al grupo La Voz de Cerro Hueco, en julio de 1996. "Ante la necesidad de abogados, algunos indígenas que habían permanecido en prisión, al ser liberados se involucraron en la defensa de sus compañeros", recuerda quien fue coordinador de la red.

Los buenos resultados "demostraron que con una adecuada capacitación, ellos pueden contribuir de manera importante a su propia liberación. De hecho, los representantes externos de La Voz de Cerro Hueco fueron los primeros defensores comunitarios que asumieron la defensa de decenas de indígenas".

La red pretende "llenar los vacíos en la defensa de los derechos humanos en las comunidades, promover la autogestión como la forma más efectiva de defensa y fortalecer los procesos autonómicos". El proceso comenzó en 1998, cuando las comunidades recibieron la propuesta de nombrar a jóvenes dispuestos a capacitarse y desarrollar trabajos de defensa de los derechos humanos. Los elegidos "se presentaron para el primer taller de capacitación con sus actas de asamblea".

Refiere que fue fundamental convencer a los defensores sobre sus capacidades, vencer el temor de enfrentar policías, agentes del Ministerio Publico, jueces. "Este proceso dotó a los defensores de la seguridad necesaria no sólo para enfrentar las gestiones, sino también las prácticas discriminatorias de los funcionarios, acostumbrados a tratar con abogados, profesionales, o cualquier otra persona mestiza, no con indígenas".

Según De los Santos, la red "tiene una estructura esférica, y las comunidades se encuentran en el centro". La labor de los defensores ha resuelto problemas de "atención oportuna". Antes de llevar a cabo acciones, el defensor consulta con las comunidades. "Por ejemplo, ciertas denuncias públicas contra paramilitares provocan mayor peligro."

La gestión de los defensores "promueve la interlocución directa entre víctimas y autoridades" y permite respuestas más eficaces a violaciones a los derechos humanos. Ellos se encuentran en los lugares, hablan el mismo idioma y conocen las preocupaciones de las víctimas. "Actúan desde sus comunidades. Forman parte de una lucha más amplia por los derechos y la libre determinación de los pueblos indígenas, y como tal constituyen una forma de resistencia ante las nuevas configuraciones del poder".