Acciones insuficientes de la justicia y de las comisiones de derechos humanos: ONG

La impunidad marca los 5 años de la matanza de El Charco

ALMA E. MUÑOZ

Mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera parcialmente cumplida la recomendación 20/2000 que emitió por los sucesos ocurridos hace cinco años en El Charco, organizaciones no gubernamentales (ONG) lamentaron la impunidad y el olvido de las autoridades para resolver el caso.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez recordó la víspera del quinto aniversario luctuoso de la matanza, la ejecución de 11 personas y la detención de 20 más, la mayoría indígenas mixtecos y tlapanecos de la zona de Ayutla de los Libres, Guerrero, éstos últimos "objeto de torturas físicas y sicológicas" por elementos del Ejército que participaron en la agresión efectuada en las instalaciones de la escuela rural Caritino Maldonado.

Al igual que Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Edgar Cortés, del centro Pro, calificó de "insuficiente" la acción de la CNDH y de los órganos encargados de procurar justicia en el país. La primera instancia, según el sacerdote jesuita, "avaló" la postura gubernamental del enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, además de que "omitió pronunciarse en torno a graves violaciones a derechos humanos, cometidas durante la acción".

Entre ellas: privación de la vida de las 11 personas; la detención ilegal y tortura de que fueron objeto otros 20; los abusos contra menores de edad que se encontraban en el lugar el día de los hechos, y la violación a la libertad de tránsito de los pobladores de El Charco y comunidades aledañas, como consecuencia del sitio que puso en marcha el Ejército los días posteriores a los sucesos.

Abel Barrera recordó que hasta la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir, después de su visita a México, entre el 12 y 24 de julio de 1999, mencionó que no obstante que algunas personas presentes en la escuela estaban realmente armadas, el incidente no podía clasificarse como enfrentamiento armado, además de que encontró injustificadas las violaciones a los derechos humanos y se mostró convencida de que había "muy buenas razones" para investigar ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas armadas.

Ambos activistas coincidieron en denunciar la impunidad por hechos ocurridos en comunidades indígenas, como El Charco o la matanza de Aguas Blancas, y exigieron una "profunda restructuración política y social" que garantice en Guerrero el acceso a la justicia y la existencia de mecanismos que impulsen la plena vigencia de los derechos fundamentales.