.. | México D.F. Sábado 7 de junio de 2003
Carta de autoridades comunitarias de Guerrero
al funcionario de la ONU
Invitan a Stavenhagen a observar cómo afrontan
a todo un sistema discriminatorio
Denuncian persecuciones, procesos judiciales y desarme
de sus policías por el Ejército
ROSA ROJAS
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de
la Montaña y Costa Chica de Guerrero -de la que depende la policía
comunitaria que opera en cuatro municipios de la entidad- invitó
al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas,
Rodolfo Stavenhagen, a San Luis Acatlán, para que conozca cómo
enfrentan a "todo un sistema discriminatorio" que involucra desde los caciques
regionales hasta los altos funcionarios de gobierno, lo que les ocasiona
conflictos, como persecución, procesos judiciales y desarme de sus
policías por el Ejército.
En
nombre de las comunidades y los pueblos originarios mixtecos, tlapanecos
y mestizos que componen la coordinadora, informan al relator en una misiva
que han venido prestando a sus pueblos y comunidades servicios tales como
la seguridad pública en los poblados y caminos de la Montaña
guerrerense, la impartición de justicia conforme a sus prácticas
comunitarias "en las que realmente se observan los principios de prontitud,
equidad y gratuidad, así como también la implementación
de un proceso de reducación de los detenidos acusados de cometer
alguna falta o error, con base en la prestación de trabajos en favor
de las comunidades".
Lejos de ser reconocidos y apoyados por las instancias
de gobierno, "nos han generado conflicto, enfrentamientos constantes con
funcionarios de toda índole, desarme de nuestros policías
comunitarios por parte del Ejército Mexicano, encarcelamiento de
nuestras autoridades comunitarias que imparten justicia, instrucción
de procesos judiciales contra varios de nuestros comisarios, comandantes
y policías comunitarios, que sólo cumplen con los cargos
que les son conferidos por sus asambleas comunitarias o por la asamblea
regional de autoridades, que es nuestra máxima instancia decisoria",
indican al relator.
Todas esas acciones de represión en contra la institución
comunitaria, de sus miembros y, de manera general, en contra sus pueblos,
"ha contado con la participación directa y/o la anuencia de los
distintos funcionarios de los tres niveles y órdenes de gobierno,
quienes una y otra vez han fundado sus actos de represión, desconocimiento
y hostigamiento en contra nuestra en argumentos simples y llanos, y que
sólo muestran su arrogancia y su capacidad discriminatoria: 'están
fuera de la ley', nos siguen repitiendo una y otra vez, cuando nosotros
lo que hemos planteado también, una y otra vez, son propuestas de
trabajo y de coordinación para abatir los índices de delincuencia,
para asegurar la justicia para nuestros pueblos", añaden.
Explican que todas sus actuaciones son de carácter
público, "nunca nos hemos manifestado contra el gobierno, sino más
bien le hemos planteado coordinación para el trabajo en favor de
la seguridad y la justicia, fundándonos para ello en nuestro inalienable
derecho de ser pueblos, de ser culturalmente diferentes y con base en la
legislación nacional e internacional que ampara los derechos de
los pueblos indígenas".
Los integrantes de la Coordinadora de Autoridades mencionan
la existencia de causas penales en proceso de instrucción contra
varios sus integrantes: la 69/2000, 04/2001, 37/2000, 36/2001, todas éstas
en el juzgado de primera instancia de San Luis Acatlán, distrito
judicial de Altamirano, por delitos como privación ilegal de la
libertad, abuso de autoridad y otros, además de quejas interpuestas
por familiares de los detenidos en las comisiones de derechos humanos gubernamentales,
e insisten a Stavenhagen en la importancia de que los visite. Firman la
misiva, Jesús Huerta de Jesús, Miguel Zavala Ruiz, Sidronio
Aburto Martínez, Felipe Oropeza Casarrubias, Aniceto Cárdenas
Aguilar e Ignacio Rodríguez Ramírez, entre otros comisionados.
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