Carta de autoridades comunitarias de Guerrero al funcionario de la ONU

Invitan a Stavenhagen a observar cómo afrontan a todo un sistema discriminatorio

Denuncian persecuciones, procesos judiciales y desarme de sus policías por el Ejército

ROSA ROJAS

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero -de la que depende la policía comunitaria que opera en cuatro municipios de la entidad- invitó al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a San Luis Acatlán, para que conozca cómo enfrentan a "todo un sistema discriminatorio" que involucra desde los caciques regionales hasta los altos funcionarios de gobierno, lo que les ocasiona conflictos, como persecución, procesos judiciales y desarme de sus policías por el Ejército.

En nombre de las comunidades y los pueblos originarios mixtecos, tlapanecos y mestizos que componen la coordinadora, informan al relator en una misiva que han venido prestando a sus pueblos y comunidades servicios tales como la seguridad pública en los poblados y caminos de la Montaña guerrerense, la impartición de justicia conforme a sus prácticas comunitarias "en las que realmente se observan los principios de prontitud, equidad y gratuidad, así como también la implementación de un proceso de reducación de los detenidos acusados de cometer alguna falta o error, con base en la prestación de trabajos en favor de las comunidades".

Lejos de ser reconocidos y apoyados por las instancias de gobierno, "nos han generado conflicto, enfrentamientos constantes con funcionarios de toda índole, desarme de nuestros policías comunitarios por parte del Ejército Mexicano, encarcelamiento de nuestras autoridades comunitarias que imparten justicia, instrucción de procesos judiciales contra varios de nuestros comisarios, comandantes y policías comunitarios, que sólo cumplen con los cargos que les son conferidos por sus asambleas comunitarias o por la asamblea regional de autoridades, que es nuestra máxima instancia decisoria", indican al relator.

Todas esas acciones de represión en contra la institución comunitaria, de sus miembros y, de manera general, en contra sus pueblos, "ha contado con la participación directa y/o la anuencia de los distintos funcionarios de los tres niveles y órdenes de gobierno, quienes una y otra vez han fundado sus actos de represión, desconocimiento y hostigamiento en contra nuestra en argumentos simples y llanos, y que sólo muestran su arrogancia y su capacidad discriminatoria: 'están fuera de la ley', nos siguen repitiendo una y otra vez, cuando nosotros lo que hemos planteado también, una y otra vez, son propuestas de trabajo y de coordinación para abatir los índices de delincuencia, para asegurar la justicia para nuestros pueblos", añaden.

Explican que todas sus actuaciones son de carácter público, "nunca nos hemos manifestado contra el gobierno, sino más bien le hemos planteado coordinación para el trabajo en favor de la seguridad y la justicia, fundándonos para ello en nuestro inalienable derecho de ser pueblos, de ser culturalmente diferentes y con base en la legislación nacional e internacional que ampara los derechos de los pueblos indígenas".

Los integrantes de la Coordinadora de Autoridades mencionan la existencia de causas penales en proceso de instrucción contra varios sus integrantes: la 69/2000, 04/2001, 37/2000, 36/2001, todas éstas en el juzgado de primera instancia de San Luis Acatlán, distrito judicial de Altamirano, por delitos como privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y otros, además de quejas interpuestas por familiares de los detenidos en las comisiones de derechos humanos gubernamentales, e insisten a Stavenhagen en la importancia de que los visite. Firman la misiva, Jesús Huerta de Jesús, Miguel Zavala Ruiz, Sidronio Aburto Martínez, Felipe Oropeza Casarrubias, Aniceto Cárdenas Aguilar e Ignacio Rodríguez Ramírez, entre otros comisionados.