En 2002, más actos inhibitorios que en 2001: Red Mexicana de Protección a Periodistas

En medio de casos de hostigamiento, hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa

JENARO VILLAMIL

Considerada durante décadas una ceremonia de "besamanos" de los periodistas mexicanos frente al poder político, hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa, en medio de casos de hostigamiento y actos inhibitorios a la actividad profesional, como los citatorios de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto Federal Electoral (IFE) a reporteros de La Jornada, El Universal y Televisa para "revelar" sus fuentes y colaborar en las investigaciones de los dos grandes escándalos de financiamiento electoral: el Pemexgate y el de Amigos de Fox.

De acuerdo con la Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación, si bien en 2002 disminuyeron 20 por ciento los casos de agresión directa en relación con 2001, los actos inhibitorios contra periodistas y medios de comunicación se incrementaron 41 por ciento durante el mismo lapso.

La agrupación considera que estos actos intimidatorios se tornan alarmantes por el vacío jurídico que existe en México respecto al ejercicio periodístico, lo cual ha llamado la atención de organismos nacionales e internacionales de protección a la libertad de prensa, como Reporteros sin Fronteras, el Centro de Periodistas de Nueva York y Periodistas contra la Corrupción, por mencionar a los más destacados.

El incremento de los actos de hostigamiento contra reporteros para que citen sus fuentes motivó que hace un mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recomendara a la PGR que se establecieran lineamientos internos que precisen las circunstancias, condiciones y casos en los que un periodista requerido para rendir su testimonio en la integración de una indagatoria pueda preservar en secreto el nombre de su fuente.

Si bien la recomendación de la CNDH no constituye una iniciativa que reglamente el secreto profesional de los periodistas, sí implica un avance sustancial para proteger la confidencialidad de las fuentes. Junto con esta recomendación existe una opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada a conocer en junio de 1996, que ampara el secreto profesional de los periodistas. En esta opinión, la Corte señaló que al incluir el Constituyente el derecho a la información como garantía social, correlativa a la libertad de expresión, el Estado debe permitir el libre flujo de ideas políticas a través de los medios, y demandó a las autoridades que se abstengan de dar a la comunidad información manipulada, incompleta o falsa.

Los citatorios del IFE

Los casos más recientes de citatorios a reporteros han sido del IFE. El 19 de febrero de este año el contralor interno del instituto, Mario Espino Arévalo, envió un oficio a Carmen Lira, directora de La Jornada, en el que solicita que se proporcione "cualquier información que permitiera atender la denuncia interpuesta a este órgano interno de control por los cc. José Luis Arévalo Rodríguez y José de Jesús Ramos Cruz (...) en la que señalan que personal de este instituto habría filtrado información a ese medio, la cual presumiblemente sirvió de base para que los reporteros Mireya Cuéllar y Alonso Urrutia publicaran las notas periodísticas que aparecieron los días 5 y 11 de abril de 2002".

La coordinación de asuntos jurídicos de La Jornada respondió el 28 de marzo que el ejercicio de la labor periodística se lleva a cabo dentro del marco de los derechos consagrados en los artículos 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y cuarto de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, "normas que amparan la abstención de revelar la forma y fuente en que se obtiene la información de las notas publicadas".

Un caso similar fue el del reportero Jorge Herrera, de El Universal, quien se acogió a estos ordenamientos y al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la confidencialidad en el trabajo periodístico para rechazar la solicitud del IFE de que revelara las fuentes informativas de un texto sobre el caso de Amigos de Fox, publicado el 7 de mayo en ese rotativo.

A su vez, el periodista Joaquín López Dóriga publicó en su columna En Privado, de El Heraldo de México, que la misma contraloría del IFE le giró un oficio el 27 de mayo para que entregara información relativa a las cuentas de Amigos de Fox y a los movimientos bancarios de Carlota Robinson, transmitida el martes 29 de abril de este año en el noticiario de Canal 2. López Dóriga subrayó que rechazaba este citatorio y lo tomaba como "un ejercicio de intimidación por parte del IFE".

En su carta de respuesta, el conductor del noticiario le indica al contralor interno del IFE que "no puede exigir a un periodista que revele la identidad de sus fuentes de información". Esta conducta "rebasa las limitantes a las que está legítimamente condicionado el ejercicio de la libertad de expresión" e inhibe y puede llegar a reprimir el derecho de expresión.

Con anterioridad, La Jornada estableció claramente ante la PGR que no tiene por qué revelar las fuentes de la información del Pemexgate, a raíz de los citatorios ministeriales que se le giraron a los reporteros Gustavo Castillo, Roberto Garduño, Enrique Méndez, Ciro Pérez, Andrea Becerril y Rubén Villalpando. Este caso, que generó la solidaridad del gremio periodístico y de distintos medios de comunicación, motivó un escrito de queja de la CNDH.