Al presentar ayer el informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la secretaria general de ese organismo humanitario, Irene Khan, denunció que la "guerra contra el terror" emprendida por el gobierno de George W. Bush desde el 11 de septiembre de 2001, "lejos de hacer del mundo un lugar más seguro, lo ha hecho más peligroso porque se ha restringido el ejercicio de los derechos humanos, socavando al mismo tiempo el imperio del derecho internacional y blindando a los gobiernos contra todo escrutinio". La campaña contra ese enemigo difuso e inverosímil llamado "el terrorismo internacional", agregó la funcionaria, "ha acentuado las divisiones entre pueblos de diferente credo y origen, sembrando las semillas que generarán nuevos conflictos".

El documento de AI contiene preocupantes e indignantes referencias a abusos perpetrados por gobiernos de todo el mundo -incluido el de México- y a conflictos "olvidados" que constituyen verdaderos caldos de cultivo para la masiva y sistemática violación de derechos humanos; tales referencias ameritan un análisis por separado. Por ahora es oportuno centrarse en el señalamiento principal del informe, que es, sin duda, la condena a la única estrategia nacional e internacional que ha sido capaz de formular la Casa Blanca desde que la ocupa -con un mandato de legitimidad dudosa, cabe recordar- el presidente actual: la estrategia de la represión y la violencia. Bush, en efecto, si bien tomó posesión formal del cargo en enero de 2001, no pudo expresar un proyecto de poder sino en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de ese mismo año. En lo interno, ese proyecto fue la persecución política, ideológica y racial, y en lo externo se caracterizó por el autoritarismo, el unilateralismo, la intolerancia, la arrogancia y la guerra contra enemigos inventados.

En aplicación de esa política, el gobierno de Bush lanzó sendas agresiones militares contra Afganistán e Irak. En el primero de esos infortunados países, y a más de un año de la incursión criminal estadunidense, la situación actual de la población no es mejor que en tiempos de los talibanes; en Irak las circunstancias presentes, bajo la ocupación angloestadunidense, es notoriamente peor que bajo la dictadura de Saddam Hussein. La "lucha contra el terrorismo", en esas naciones y en el propio territorio de Estados Unidos, ha significado un incremento alarmante de las violaciones a las garantías individuales, a los derechos humanos y a todas las leyes internacionales imaginables, empezando con la Convención de Ginebra, siguiendo con la Carta de la ONU y culminando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Washington ha gastado sumas casi incalculables de dinero en su obsesión antiterrorista; en ese afán ha movilizado a sus aparatos diplomático, político, de inteligencia, tecnológico y bélico, a fin de derrotar a unos enemigos ubicuos y fantasmales; sin embargo, como señaló atinadamente Irene Kahn, el mundo no es hoy más seguro que antes, sino al revés; al margen del incremento en las violaciones a los derechos humanos propiciada por la estrategia de Bush, los ataques de organizaciones integristas se han multiplicado y se han expandido por diversos continentes, en respuesta obvia y previsible a las injustificadas conquistas militares estadunidenses.

Lo que no dicen el informe de AI ni su secretaria general -acaso porque no les corresponde decirlo- es que la preservación de los derechos humanos y la seguridad de los habitantes de este planeta no fueron en ningún momento objetivos reales del grupo que se ha hecho del poder de la máxima superpotencia. Los gobernantes de Washington no tienen reparos en atropellar esos derechos ni en destruir países, vidas y propiedades con tal de satisfacer sus propósitos verdaderos, que son, a juzgar por los hechos, el establecimiento de una hegemonía total, un estrecho control de los ciudadanos -estadunidenses o no- y el robo de los recursos naturales estratégicos. Así ha quedado en evidencia en Irak, país arrasado y sometido no para eliminar la amenaza de armas de destrucción masiva que nunca existieron, o para contrarrestar peligros terroristas imaginarios, sino para apoderarse del petróleo de ese país. Y en ese escenario, como en otros, la vigencia de los derechos humanos fue una de las muchas bajas colaterales.