Resolución de la Fiscalía para Servidores Públicos

No procede la denuncia de Fernández de Cevallos contra López Obrador

SUSANA GONZALEZ G. Y ROBERTO GARDUÑO

La Fiscalía para Servidores Públicos de la procuraduría capitalina no encontró elementos constitutivos de delito para ejercer acción penal respecto de la denuncia de hechos que presentó el senador panista Diego Fernández de Cevallos, por presunta difamación y encubrimiento, a partir de las críticas que hizo el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a los legisladores que litigan contra los gobiernos federal y local como abogados particulares.

La denuncia no procedió porque la investigación realizada por el Ministerio Público evidenció que "no hay ningún cuerpo del delito en lo que (el senador) mencionó", explicó Bernardo Bátiz, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), al salir de la reunión del gabinete de seguridad pública del gobierno capitalino, y consideró que el caso es un "asunto político". Aclaró que Fernández de Cevallos no atribuye directamente ningún delito al jefe de Gobierno, pues en su denuncia sólo enumera hechos.

Sigue la querella, advierte el senador

Notificado sobre la resolución de la PGJDF, Fernández de Cevallos advirtió que su querella con el jefe de Gobierno aún no termina. "La decisión de la autoridad no cierra el capítulo, y está por verse si estoy conforme con ello. En su caso, yo actuaré dentro de la ley para los efectos del expediente. Tengan paciencia y nos vemos en unos días".

-ƑPara cuándo tendrá usted la respuesta?

-El lunes o martes de la próxima semana, y respetaré cualquier situación, incluida la decisión de las autoridades. No quiero decir con ello que quede conforme con lo que resuelvan.

La polémica entre ambos políticos se originó a finales del mes pasado, cuando en su conferencia de prensa matutina López Obrador criticó la actuación de los legisladores que litigan contra los gobiernos local y federal. Entonces se refirió a un equipo de abogados, vinculados al PAN, que encabezó un litigio en beneficio de particulares, referido a unos terrenos de Santa Fe recuperados por la administración capitalina.

El senador respondió primero sólo verbalmente a las críticas del perredista, y el 7 de mayo interpuso una denuncia contra López Obrador en la agencia 11 del Ministerio Público, pero no por difamación como había anunciado, sino sólo una denuncia de hechos para que se investigaran las acusaciones que, según él, formuló en su contra el jefe de Gobierno por tráfico de influencias, y demandó al mismo tiempo que se sancionara a quien hubiera cometido los delitos de "encubrimiento, difamación y calumnia".

López Obrador presentó a su vez una respuesta por escrito, donde precisó que Juan Miguel Alcántara Soria, ex diputado federal y ex procurador general de Justicia de Guanajuato, "reconoció públicamente que, junto con (el ex procurador general de la República) Antonio Lozano Gracia, participa en los asuntos de los terrenos La Mexicana, en Santa Fe, y de Paraje San Juan, en Iztapalapa", ambos abogados "asociados en diversos negocios con el senador Fernández de
Cevallos".

El mandatario capitalino insistió en la necesidad de "precisar en las leyes la prohibición del tráfico de influencias y el conflicto de intereses", pues "para algunos los cargos de representación popular son meras franquicias para el tráfico de influencias", por lo que senadores, diputados y otros servidores públicos "hacen gestiones, trámites y litigan sin escrúpulos en contra del interés general".

Bátiz rechazó que con la resolución de la Fiscalía para Servidores Públicos se pretenda encubrir al jefe de Gobierno, cuando ni siquiera se acreditó la existencia del delito. El legislador, recordó Bernardo Bátiz, hizo uso de su derecho de presentar una denuncia y toda la información que proporcionó "se analizó con cuidado y se encontró que todo su relato y los hechos que él menciona no constituyen ningún delito" .