Emilio Pradilla Cobos

Nuevamente, autopistas privadas

Cuando los políticos se someten al fundamentalismo ideológico -en este caso al neoliberalismo- cometen dos o más veces el mismo error: con su programa Desarrollo de Autopistas de Cuota para la Modernización de Corredores Carreteros 2003 (La Jornada, 21-05-2003) el gobierno de Vicente Fox volvió a la política de autopistas concesionadas al capital privado que emprendió Carlos Salinas de Gortari, cuyo fracaso estrepitoso llevó pocos años después (1995) al rescate carretero.

Hoy, y durante 25 años más, todos los mexicanos pagamos con nuestros impuestos los errores de esta política y la ineficiencia de los empresarios privados: una deuda pública a los concesionarios de más de 141 mil millones de pesos, cuyo crecimiento fue de 34 por ciento sólo en los dos años anteriores, lo cual consumirá la mitad de los ingresos de las 25 autopistas rescatadas -la otra mitad va a operación y mantenimiento- y, ahora, los de las cuatro autopistas no concesionadas más importantes del país: las de la ciudad de México a Puebla, a Cuernavaca, a Querétaro y de ésta a Irapuato (La Jornada, 19-05-2003). El rescate consume a las carreteras privadas rescatadas y también a las estatales.

Igual que los banqueros, los empresarios carreteros no perdieron, pues el Estado, en vez de evaluar su propio error y juzgar severamente las ineficiencias y equivocaciones de los concesionarios, los resarce con creces, mostrando la demagogia del discurso neoliberal priísta-panista: un error de esta magnitud lo debería penalizar el mercado con la quiebra de los empresarios y el paso gratuito de sus bienes a dominio público, pero ocurre realmente lo contrario: los contribuyentes, por medio del Estado, pagamos lo que los empresarios perdieron por su ineficacia en el ramo de la infraestructura. El remedio que puso el gobierno de Fox a los problemas que llevaron al anterior rescate carretero sólo agrava la enfermedad: la inversión pública, que representa cerca de un tercio del total, será hecha a "fondo perdido", es decir, será un regalo de los contribuyentes a los empresarios carreteros, impuesto por el Estado neoliberal.

Lo que ni Salinas ni Fox han entendido -no se los permite su ideología- es que la inversión privada en infraestructura (carretera, portuaria, aeroportuaria, ferroviaria, etcétera) enfrenta límites estructurales reñidos con la lógica de la ganancia privada, razón por la cual en el pasado el Estado capitalista estatizó dicha infraestructura cuando fue construida por empresas privadas o la realizó él mismo en beneficio del desarrollo del capital en su conjunto. Estas obras requieren de un suelo bajo control integrado que sólo el Estado, con su facultad expropiadora, puede unificar; este factor legal no puede costearse económicamente, ni es retribuido por los concesionarios. La magnitud de la inversión es muy grande y el tiempo de recuperación de ésta mucho mayor al que puede aceptar la lógica del capital privado, lo que lleva a tarifas muy altas, que alejan a los usuarios, por lo que se llega a la ausencia de rentabilidad capitalista y a la quiebra de los empresarios.

El "peaje máximo" que estableció Fox para evitar este círculo vicioso sólo llevará a que el Estado tenga que aportar subsidios enormes y permanentes para que los empresarios privados puedan seguir obteniendo ganancias. Por ser un bien público, el Estado, contraviniendo la lógica del libre mercado, en lugar de dejar quebrar a los empresarios ineficientes, presionado por éstos y ante el costo político que tendría el que la infraestructura no opere, rescatará a los empresarios, socializando a todos los contribuyentes sus pérdidas y transformándolas en ganancia del capital privado.

En el nuevo paquete de autopistas privadas figura el libramiento norte de la zona metropolitana del valle de México, obra necesaria para evitar el paso por la metrópoli del tránsito nacional, pero que no emprendieron ni el gobierno federal ni los de los estados de México y Puebla. Seguramente el éxito publicitario de las obras viales realizadas por Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal -entre una ciudadanía desinformada y apantallada por el modernismo y el gigantismo- lleva a Fox (PAN) y al gobernador mexiquense, Arturo Montiel (PRI), a tratar de emular al posible competidor en 2006, dando todas las ventajas al capital privado para construir al vapor esta autopista, antes de que ocurra la próxima elección presidencial.

Pero lo que importa a los ciudadanos de hoy y mañana -contar con infraestructura eficiente y adecuada a sus necesidades, como retribución justa a lo que pagan en impuestos- no está garantizado con su entrega a la empresa privada; seguramente, por las mismas razones que en 1995, dentro de unos cuantos años estaremos pagando adicionalmente el rescate que haga el sucesor en la Presidencia de la República de las autopistas privadas promovidas por Fox e impuestas autoritariamente por Ernesto Zedillo. Los políticos sí tropiezan dos veces con la misma piedra, porque los costos de su error los pagan los ciudadanos.