Acciones militares rompen el paro de agricultores y empleados del sector salud

Reprimen a huelguistas en varias ciudades peruanas; 15 lesionados

Amenazan a maestros que no se presenten a laborar Apoyo de la clase política a Toledo

AFP, DPA Y REUTERS

Lima, 28 de mayo. Las fuerzas armadas y policiales peruanas reprimieron hoy con golpes, disparos y gas lacrimógeno a manifestantes y huelguistas en esta capital, Huaraz, Chiclayo, Pativilca, Tacna e Iquitos, luego que el gobierno de centro-derecha de Alejandro Toledo les entregó el control al decretar el estado de emergencia. En las afueras de Lima hubo al menos 15 manifestantes heridos, entre ellos varios de bala, que desafiaban la medida gubernamental.

Ante una oleada de huelgas de los maestros, de los trabajadores del Poder Judicial, del Seguro Social y de los agricultores, el mandatario impuso a partir de la medianoche del martes el estado de excepción por 30 días para contener la efervescencia social y los reclamos por el incumplimiento de las promesas de campaña.

En los enfrentamientos de este día en diferentes partes del país también 13 policías resultaron heridos y hubo unos 68 detenidos. Pero fue en Barranca, al norte de Lima, donde la tensión subió cuando campesinos resistieron bloqueando una carretera, por lo que se desataron los enfrentamientos con los civiles heridos de bala.

Tras las acciones militares y policiales el gobierno logró romper las huelgas de agricultores y empleados del Seguro Social, mientras se mantenían en pie de lucha maestros y trabajadores del Poder Judicial. En tanto, en Lima, decenas de militares con chalecos antibalas y armas automáticas custodiaban el Congreso y se apostaron en puntos estratégicos de la ciudad.

Con las fuerzas armadas y de seguridad en las calles de las principales ciudades, donde se observaban tanquetas, el control castrense abarca 12 de los 23 departamentos del país, cuyos operativos lograron poner fin a los bloqueos de los agricultores que el lunes habían empezado su huelga.

Desde la víspera la policía desalojó pacíficamente a cerca de 500 maestros en huelga que acampaban desde hace una semana frente al Congreso. Asimismo los uniformados dispersaron a empleados del Poder Judicial, que en las últimas horas mantenían el paro en reclamo de reivindicaciones salariales.

Los agricultores y los trabajadores del Seguro Social sucumbieron al estado de emergencia al decidir poner fin a sus respectivas huelgas, hasta que concluya la medida. Los miles de agricultores desalojaron las carreteras desde antes de que los soldados llegaran, aunque algunos grupos aún resistieron en choques esporádicos.

En Pativilca grupos de manifestantes bloquearon nuevamente la carretera Panamericana, que había sido despejada durante la madrugada por el ejército, luego de que la víspera había sido bloqueada con troncos y piedras por los agricultores. Ahí hubo disturbios y dos civiles salieron heridos por perdigones.

El dirigente de los hombres del campo, Enrique Málaga, al anunciar la suspensión de la huelga emplazó al gobierno de Toledo a levantar el estado de emergencia en 48 horas para dialogar, ya que esto "no se puede hacer con los tanques en las calles".

Pero los maestros, que mantienen paralizadas sus actividades desde hace 17 días, refrendaron su beligerancia y enfrentaron en las calles a los uniformados en al menos seis ciudades. En Chiclayo cerca de 5 mil profesores en huelga tomaron la plaza principal y varios colegios, mientras chocaban con los agentes antimotines, que arremetieron con gas lacrimógeno en los hechos más graves de la jornada.

La directiva del magisterio, que decidió continuar la huelga pese al estado de emergencia, señaló que "a falta de soluciones integrales el camino del garrote, de la represión y de la fuerza es lo que caracteriza a los gobiernos débiles". Con todo, se hizo un llamado a la prudencia y la serenidad, pero también a continuar con las movilizaciones, y exigió al gobierno restablecer el diálogo.

El ministro de Educación, Gerardo Ayzanoa, declaró ilegal la huelga de los cerca de 300 mil maestros iniciada el 12 de este mes, y amenazó con que los que no se reintegren en menos de cinco días serán sancionados y no recibirán el aumento de unos 29 dólares dispuesto por el gobierno, que no satisface al gremio.

El estado de emergencia por 30 días suspende las garantías individuales como los derechos de reunión y manifestación, y permite los allanamientos de domicilios y detenciones sin orden judicial, con las fuerzas armadas como encargadas del orden público.

Es la segunda vez que Toledo declara el estado de emergencia desde que asumió la presidencia en julio de 2001; decretó la misma medida el año pasado para sofocar otras protestas en el sur del país contra la privatización de las empresas de electricidad.

Salvo algunas excepciones, la clase política peruana reaccionó en forma favorable y casi unánime ante la decisión del gobierno de imponer el estado de excepción, en medio de una imagen de debilidad que reflejaban las protestas y cuando el mandatario goza de escaso nivel de aprobación.

El ex presidente Alan García, líder de la oposición, si bien respaldó la medida, advirtió que la situación del país podría llegar al estado de sitio y el rompimiento de la democracia si Toledo no convoca de inmediato al diálogo a los gremios sindicales en huelga.

El líder de la socialdemócrata Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) dijo que ahora "se abre un momento de gravedad para el país" tras 10 años de emergencia generalizada por "un golpe de estado permanente", en alusión al régimen de Alberto Fujimori.

En tanto, este día se sintió un temblor en Lima de 5.1 grados Richter, con epicentro a 51 kilómetros en el mar, que causó deslizamientos de tierra de cerros en la parte este y el farallón costero al oeste, pero sin causar víctimas ni daños de importancia.