Condena la organización los atentados de ETA y la proscripción de Batasuna

En casi todos los países de AL se violaron derechos humanos en 2002: informe de AI

Denuncia que en Colombia la política gubernamental ha exacerbado la violencia

AFP, DPA Y REUTERS

Madrid, 28 de mayo. Casi todos los países de América Latina fueron escenario, entre 2002 y lo que va de 2003, de alguna violación grave a los derechos humanos, afirmó Amnistía Internacional (AI) en su informe divulgado este miércoles, en el cual destaca en particular la situación en Colombia, donde la política gubernamental no ha hecho sino "exacerbar" la violencia en el país sudamericano.

Por otro lado, el organismo humanitario denunció los atentados cometidos en España por el grupo armado vasco ETA, pero también la proscripción de la coalición nacionalista vasca Batasuna, acusada de ser el brazo político de aquel grupo, así como el cierre de Euskaldunon Egunkaria, ordenado en febrero por la Audiencia Nacional. Los responsables de ese diario vasco permanecieron "recluidos en régimen de incomunicación en virtud de la legislación antiterrorista", destaca AI.

Otro de los temas de España que es motivo de preocupación de AI, es el de la inmigración, ya que a pesar de la existencia de leyes contra la discriminación, "la aplicación de criterios" es común, y "menores extranjeros no acompañados" afirmaron haber sido maltrados en algunos centros de acogida.

En el capítulo sobre América Latina, la organización considera que "las medidas de seguridad que promulgó el presidente Alvaro Uribe exacerbaron el ciclo creciente de violencia política" en Colombia que, según dijeron responsables españoles de AI en Madrid, "está sufriendo los mayores efectos" de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

"En la práctica -afirma el informe- el decreto 128 que el gobierno colombiano promulgó en enero, le permitirá indultar a miembros de la guerrilla o de grupos paramilitares acusados de violaciones de los derechos humanos", sostiene AI.

Además, el gobierno de Uribe presentará en breve un proyecto de ley que confiere "atribuciones judiciales permanentes a las Fuerzas Armadas", lo que "perjudicaría gravemente la protección de los derechos humanos (pues) reducirá la posibilidad de investigar exhaustiva e imparcialmente" las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.

Citando cifras "escalofriantes", Amnistía dice que en el año se reportaron más de 500 desapariciones y más de 4 mil civiles asesinados por motivos políticos. La violencia provocó además el desplazamiento de más de 350 mil civiles.

"Las principales víctimas de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario seguían estando entre la población civil", destaca el documento, que critica que el gobierno "aumentó la implicación de los civiles en el conflicto mediante la creación de una red de un millón de informantes".

Sobre Venezuela, "la polarización política, la violencia y los repetidos rumores de golpes aumentaron la inestabilidad y amenazaron con derivar serios abusos contra los derechos humanos en el futuro", indica el informe.

En Cuba, mientras el embargo estadunidense "continúa contribuyendo a un clima en el cual los derechos fundamentales son negados", la situación empeoró este año, con la aplicación de la pena de muerte y la detención de más de 70 disidentes.

La entidad denuncia además la "hostilidad y violencia crecientes contra la población indígena" en Guatemala, la legislación "antiterrorista" que amenaza con socavar la protección de los derechos humanos en Paraguay, y que en Perú se "siguen negando" juicios con debidas garantías.

En Brasil, agentes de la policía militar y civil fueron responsables de la muerte de miles de personas en todo el país, donde siguen actuando los "escuadrones de la muerte", señaló el informe.

Entre las "buenas noticias" del informe anual, Amnistía destacó que en Argentina, el difunto ex general Leopoldo Galtieri y otros 25 ex militares acusados de secuestro, tortura y desaparición de 20 guerrilleros fueron detenidos.