Legisladores del PRI demandan que funcionarios aclaren cambios a leyes

El gobierno busca legalizar la inversión extranjera en Pemex mediante los CSM

Fox trata de imponer el retorno de las trasnacionales, advierte la senadora Garza Galindo

ROBERTO GARDUÑO Y GEORGINA SALDIERNA

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión denunció que el gobierno federal pretende legalizar de manera encubierta la inversión extranjera en Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de los contratos de servicios múltiples (CSM) y demandó la comparecencia del secretario de la Función Pública para que aclare los argumentos sustentados en la propuesta de reforma a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obra Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

En tribuna, durante la sesión de la Comisión Permanente, la senadora Laura Alicia Garza Galindo manifestó que el presidente Vicente Fox trata de imponer el retorno de las compañías extranjeras trasnacionales al país. ''El objetivo central pero oculto de la iniciativa del Ejecutivo federal es legalizar lo asentado en el contrato genérico que Pemex acordó con las multinacionales a lo largo de 2002. No es otra cosa más que la línea fina, sutil, delicadísima que separa una privatización lenta, silenciosa, para violentar los artículos 27, 28 y 134 de la Constitución y concretar una masiva y brutal privatización, no sólo en materia de energía eléctrica como la que estamos viendo, sino en materia de gas en la cuenca de Burgos y, por supuesto, en petróleo''.

La legisladora consideró necesario que la iniciativa del Ejecutivo, que se encuentra en el Senado de la República, sea turnada a las comisiones de Hacienda y Puntos Constitucionales para ser analizada a fondo. También propuso como punto de acuerdo solicitar la comparecencia del secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, con objeto de proporcionar los fundamentos constitucionales de la iniciativa-minuta de proyecto de decreto para reformar las leyes citadas.

''Ante la posibilidad ampliamente manifestada y difundida por Pemex de celebrar la firma de contratos de servicios múltiples para la ejecución de las obras en la cuenca de Burgos, exigimos que el secretario explique las responsabilidades en las que incurrirán los servidores públicos, que en nombre del gobierno mexicano firmen contratos que impliquen la realización de actividades que de acuerdo con la Constitución son exclusivas de la nación''.

Larga lista de dudas

La senadora enunció cada uno de los temas en conflicto. En términos generales, dijo, se pretende crear la Comisión Federal de Contrataciones Gubernamentales, lo que implicaría un órgano ad hoc para facilitar la operación de trasnacionales a través de la interpretación de ambas leyes; incluir la figura de licitación pública diferenciada en la que sólo podrán participar licitantes, bienes y servicios originarios de los países con los que México tenga firmados tratados comerciales; evaluación conjunta de las propuestas técnica y económica, lo que resultaría en que el riesgo se compense con una parte de la renta económica que resulta de explotar los yacimientos, y la incorporación de la figura del arbitraje, en la cual las diferencias entre las partes serían resueltas por un perito independiente o en última instancia por arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional de París, Francia.

En la iniciativa de la ley de adquisiciones se detectaron anomalías como la celebración de contratos a largo plazo y de servicios de contratación, propuesta que es inconstitucional pues delega en un privado la responsabilidad de obtener las mejores condiciones para el Estado en lugar de que lo haga el propio gobierno; confidencialidad, por la cual la Contraloría no tendría obligación de poner a disposición pública información de naturaleza reservada.