John Saxe-Fernandez

Canales Clariond: Ƒy el estado de derecho?

Durante la clausura de una reunión de la Concanaco, celebrada en Juriquilla, Querétaro, hace poco más de una semana, el secretario de Economía señaló que dado que "ya no se requiere monopolio energético", se podía invitar a empresas privadas nacionales y extranjeras a invertir en el sector, por lo que esperaba que la siguiente Legislatura "tenga la capacidad de consensuar y aprobar lo que requiere México para nosotros y nuestros hijos".

Al día siguiente, varios reporteros confesaron que los pronunciamientos de Canales Clariond frecuentemente los dejan "pasmados". Y francamente no es para menos, por varias razones: en primer término, porque quizá les cuesta entender lo que aparenta ser, en el mejor de los casos, una inadmisible ignorancia sobre la normatividad constitucional vigente por parte de un miembro del gabinete, todo un secretario de Economía que opera bajo instrucciones presidenciales. De manera explícita la Constitución (artículos 27 y 28) incluye bajo un régimen especial a los sectores definidos como estratégicos, y lo hace en la categoría de lo que formalmente "no" considera "monopolios".

El secretario de Economía hace pronunciamientos públicos como si la Constitución no estuviera en vigor o como si viviera en Estados Unidos o en la Luna. Pero hacerlos en México lo tipifican como "violador" potencial de la Carta Magna, porque hace caso omiso del régimen de protección constitucional del sector energético, que además de vigente es parte fundamental del proyecto nacional. ƑPor qué este desprecio al estado de derecho?

En segundo lugar, dejó una estela de dudas cuando expresó su confianza en que los próximos legisladores aprueben "lo que requiere México para nosotros y nuestros hijos". Como al mencionar a los beneficiarios de la apertura de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la inversión nacional y extranjera nunca aclaró quiénes están incluidos en la frase "para nosotros y nuestros hijos", conviene recordar que los favorecidos por otros procesos de privatización ya consumados, por ejemplo en la banca y en ferrocarriles, no han sido precisamente los hijos del pueblo mexicano, sino de la mimada y depredadora plutocracia doméstica, que rápidamente vende su tajada del pastel a intereses extranjeros, confirmando la advertencia del senador José Angel Conchello en interlocución histórica con Lombardo Toledano: "privatizar es recolonizar". De tal suerte que en esas privatizaciones, el "nosotros" de Canales Clariond incluye, entre otros grupos del exterior, a los dueños -y sus respectivos herederos- del Citibank, del Banco Bilbao Vizcaya, de la ferrocarrilera Union Pacific y de Kansas City Southern -esta última empresa está a punto de adquirir el bloque accionario mayoritario de la principal línea ferroviaria que nos une a Estados Unidos, manejada conjuntamente con Transportación Marítima Mexicana.

Como bien captó hace pocas semanas un encabezado periodístico, transitamos de la "binacionalización" ferroviaria a Ferrocarriles Estadunidenses de México. Es un fenómeno de entreguismo y corrupción que también se registra en materia portuaria, aeroportuaria, carretera, turística y comercial, y que ahora el régimen foxista se esfuerza por concretar y consolidar en materia petrolera, gasera y eléctrica.

Canales Clairond desea ampliar la entrega del patrimonio nacional a los dueños -y sus herederos- de Dupont, Enron, Chevron, Texaco, Exxon-Mobil Iberdrola, Mitsubishi, GE-Bechtel, Haliburton, etcétera. Este caballero y otros miembros del gabinete incurren en excesos verbales inadmisibles y, por lo tanto, peligrosos, especialmente porque, como se ha informado a la opinión pública, cerca de 30 por ciento de la generación eléctrica ya está en manos de empresas extranjeras. Si un gobierno de manera persistente y sistemática viola la Constitución, cabría exigir a esta Legislatura y a la próxima, como una contribución vital para mantener la paz social, incluir en su agenda "el derecho de reclamación social". Es un concepto centrado, como bien argumenta Adalberto Saldaña (El estado de derecho a principios del siglo XXI, Universidad Obrera, editorial Itaca, México, 2003), en el establecimiento de instrumentos jurídicos que permitan al ciudadano hacer valer la ley ante un régimen de transgresión constitucional.

El asunto es grave porque estas violaciones constitucionales también se están concretando en el sector petrolero-gasero mediante las acciones que despliega el secretario de Energía, Ernesto Martens, y el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, en torno a los contratos de servicios múltiples y a las inminentes concesiones a empresas extranjeras de ocho lotes de la cuenca de Burgos.

En circunstancias de creciente y generalizada frustración social esperaríamos más responsabilidad de aquellos cuya función es respetar y hacer respetar la ley.

Reflexionar cuidadosamente antes de hablar no parece ser costumbre de Canales Clariond, pero es un consejo oportuno, especialmente en el contexto del artículo 136 constitucional, que sugiero al lector revisar cuidadosamente.

saxe @servidor.unam.mx