Sergio Zermeño

Los ricos tienen permiso

Alo largo de nuestro país se repite el esquema: los gobiernos, de todos los niveles y de todos los colores, se asocian a los capitalistas nacionales y extranjeros para potenciar nuestras riquezas inexplotadas y, con la bandera ideológica en boga: "invertir para dar empleo a los pobres", terminan saqueando lo que sea. El capital tiene permiso y ni los gobiernos llamados democráticos se resisten a asociarse con los grandes capitalistas para multiplicar por diez el valor económico (y político) de las joyas arquitectónicas del Centro Histórico, limpiando, pavimentando, alumbrando, aventando al ambulantaje varias cuadras más allá, alquilando en el extranjero estrategas policiacos para preservar los flamantes escenarios, dudando en si aprovechar (o atizar) las guerras entre bandas asesinas de traficantes y comerciantes para ampliar el área remodelable y capitalizable.

Por eso sin duda la tensión preponderante de nuestra época parece darse entre ese núcleo duro del poder político y económico, nacional y trasnacional, por un lado, y todos aquellos territorios, regiones, comunidades, etnias, poblados, etcétera, que han decidido refugiarse de la intemperie globalizadora y recogerse en sí mismos, en lo local, en alguna forma identitaria circunscrita a la comunidad, cuando todavía es posible. Nos sobran ejemplos: el poblado de Tepoztlán, en Morelos, ilustra de manera nítida el despojo de territorios y de recursos naturales a las comunidades, bajo el disfraz de moda: clubes de golf rodeados de inmensos proyectos urbanísticos y turísticos (la organización de los pobladores que se opusieron a este destino obtuvo en respuesta un listado de órdenes de aprehensión para todos sus dirigentes). Otro ejemplo: el proyecto trasatlántico en el istmo de Tehuantepec, en competencia con el canal de Panamá, con su alucinante técnica de fletes interoceánicos y su macrorregión maquiladora (punta de lanza del Plan Puebla-Panamá); los municipios autónomos de Chiapas, que hay que extirpar, más allá de que graviten o no en los circuitos económicos mundiales, porque cualquier autodeterminación es un mal ejemplo; enormes regiones de Veracruz y Tabasco que no quieren convertirse en páramos sembrados con esos ecológicamente devastadores eucaliptos sólo para favorecer a las grandes empresas papeleras; tantas regiones forestales del país que se han convertido hoy en espacios de saqueo, de confrontación y de muerte, con el destacado ejemplo de Guerrero, donde la lucha de los campesinos por conservar el equilibrio ecológico, en contra las empresas trasnacionales taladoras, los ha convertido en presos políticos; el rechazo furibundo de los habitantes de San Salvador Atenco a la expropiación de sus tierras para la instalación del aeropuerto y de las millonarias inversiones a él asociadas; la destrucción del patrimonio cultural y ecológico del Casino de la Selva, en el corazón de Cuernavaca, en favor de las cadenas comercializadoras trasnacionales que en su carrera loca por la ganancia arrasan panaderías, farmacias, tiendas de abarrotes.

Todo esto viene al caso porque hoy toca el turno al poblado de Unión Hidalgo, en Juchitán, Oaxaca. El Consejo de Ancianos y Ancianas (CAA) y el Consejo Ciudadano Unhidalguense (CCU) han levantado una protesta frente al Senado de la República. Resulta que al desconfiar de su presidente priísta y pedir una auditoría se puso en claro que el edil fungía al mismo tiempo como tesorero de la empresa Desarrollo Acuícola Oaxaca-Pacífico, la cual está dispuesta a invertir 8 millones de dólares en 500 hectáreas de granjas camaronícolas de esteros de la comunidad limítrofes con el vecino poblado de San Dionisio del Mar.

Cuando la población se manifestó en contra de este intento el pasado 13 de febrero, la policía municipal disparó, mató a Manuel Salinas, integrante del CCU, e hirió a diez personas. El presidente municipal se esfumó sin que el Congreso de Oaxaca acceda a desaparecer los poderes locales, pero sí se "obsequiaron" generosamente órdenes de aprehensión, por lo que Carlos Manso, Luis Alberto Marín y Francisco de la Rosa, dirigentes del CCU, han sido encarcelados.

El Plan Puebla-Panamá descubre así su verdadera faz: en lugar de ser un impulsor de proyectos comunitarios y cooperativas, asociando a productores y capitales locales y de fuera, centros educativos, organizaciones de la sociedad civil y recursos y voluntad gubernamentales, se revela como lo que es: un contubernio entre poderes políticos y económicos para saquear la riqueza humana, cultural y natural de la parte menos globalizada de nuestro país. Dado que cada vez producimos menos, el saqueo y la rapiña florecen. Los gobiernos del cambio, de la esperanza y de la experiencia comulgan en una cosa: son buenos socios del dinero.