Gobernación: no se restringen libertades; el asunto, ajeno al IFE: Woldenberg

"Exhortan" al clero a evitar proselitismo

Legisladores de PRI, PRD y PVEM critican a prelados La UNPF y AN los defienden

La Secretaría de Gobernación envió a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) una "atenta exhortación" y "sin perjuicio de su libertad de expresión" para que obispos, presbíteros y diáconos "se abstengan de hacer pronunciamientos que pudieran considerarse violatorios de las disposiciones jurídicas electorales", y los llamó a no hacer proselitismo político.

En tanto, en la Comisión Permanente del Congreso, la injerencia del clero católico en el proceso electoral, y la insuficiente respuesta de Gobernación para detener sus ataques contra partidos, fueron motivo de debate a partir de un punto de acuerdo promovido por el PVEM, dirigido a exhortar a la dependencia a agilizar las investigaciones contra los jerarcas que hayan incurrido en estas prácticas.

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, consideró que para preservar la pluralidad política y religiosa es imprescindible que se mantenga la separación de la actividad política y la fe.

En cambio salió a defender el activismo del clero el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Guillermo Bustamante, quien señaló que los obispos de Tlaxcala, Jacinto Guerrero; de Querétaro, Mario de Gasperín; de Cuernavaca, Felipe Olvera, y de Acapulco, Felipe Aguirre, no cometieron delito alguno y, por el contrario, "asumieron una posición clara y orientadora".

Llamado desde Bucareli

En medio de las críticas contra Gobernación por su pasividad frente a la intromisión de la jerarquía católica en ámbitos electorales, la dependencia dio a conocer anoche que envió un "exhorto" al presidente de la CEM, Luis Morales Reyes, arzobispo de San Luis Potosí.

La dependencia difundió una carta enviada por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma, en la que sostiene que sin afectar la libertad de expresión de los miembros de la Iglesia ni su derecho a propagar su doctrina, es necesario que se abstengan de emitir pronunciamientos que pudieran interpretarse como violatorios de las disposiciones jurídicas.

Moctezuma subraya que esto es necesario para favorecer y mantener el clima electoral ordenado, participativo y democrático. Recuerda que desde enero, en ocasión de que se iniciaba un año de gran intensidad comicial, se solicitó la colaboración de las asociaciones religiosas para que evitaran incurrir en proselitismo electoral o declaraciones contrarias a partidos y candidatos.

Por otro lado, Woldenberg destacó que el IFE no tiene competencia alguna en relación con la injerencia de las iglesias en las campañas, pues es algo que corresponde exclusivamente a Gobernación. Subrayó: "Lo que más le conviene a la democracia mexicana es que las esferas de la fe y de la política sigan separadas, eso es precisamente lo que establece la legislación electoral y yo comparto la noción que hay en nuestras leyes".

Demandan concluir investigaciones

Mientras tanto, en la Comisión Permanente, el tema fue motivo de debate. El priísta Enrique Jackson, el perredista Jesús Ortega y la ecologista Sara Castellanos exigieron a las autoridades federales que inicien una investigación en torno a la estrategia asumida por la Iglesia católica para incidir en las elecciones de julio próximo. Por el contrario, el panista Diego Fernández de Cevallos justificó la actitud de los prelados porque "tienen derecho a promover la participación política".

Castellanos, senadora por el PVEM, denunció la estrategia de la Iglesia católica para que en las homilías se sugieran las formas de votar. "Las consignas afectan no sólo a los partidos en lo individual, sino al sistema en lo general, porque su influencia puede desbalancear los pesos políticos existentes, creando un estado de excepción y privilegio para un actor social que durante muchos años ha tenido que ser limitado y controlado", dijo.

La senadora presentó un punto de acuerdo para exhortar a Gobernación a que agilice las investigaciones y dé respuesta a la denuncia contra el obispo Mario de Gasperin. En ese sentido, Ortega expuso que desde el púlpito no es posible hacer política y menos recomendar a los feligreses cómo y por quién votar: "Eso tergiversa la vida política y legal de nuestro país y deben ser objeto de una sanción los obispos que cometieron ese error".

A su vez, Jackson insistió en la obligación de las autoridades de exigir el apego a la ley: "No se puede permitir que se excedan. Aquí no se puede jugar con eso, no es sano para la República ni para la vida y armonía nacional que se mezcle la política con la religión. Es una bomba explosiva, un tema que requiere de una buena dosis de habilidad política, de firmeza y de capacidad de los integrantes del Ejecutivo, para que no les tiemble la mano al momento de aplicar la ley".

En tanto, la Unión Nacional de Padres de Familia salió en defensa de los obispos. Lo que hicieron, dijo Bustamante, fue orientar a los fieles de sus respectivas diócesis, a razonar su voto, y en consecuencia a no votar por el partido político, sea el que sea, que promueva y pretenda legalizar el aborto y la unión homosexual.