Presenta el Prodh informe con datos de 2001

Persiste la tortura en México: comité de ONU

Preocupa la ineficacia gubernamental para desterrarla

ALMA E. MUÑOZ

El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) consideró, a partir de datos recabados durante 2001, que en México persiste dicha práctica, de "forma sistemática" y como un "recurso" para realizar investigaciones judiciales, pese a la ratificación -el 22 de junio de 1987- de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la existencia de factores que "limitan" al gobierno federal para "controlar su existencia".

El informe final del comité, dado a conocer recientemente en la ONU y distribuido ayer en México por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), señala que el presidente Vicente Fox recibió el reporte y se comprometió a consolidar el respeto a los derechos humanos y a sancionar, en el marco institucional, las violaciones y "todo abuso de poder", de acuerdo con la respuesta que emitió el año pasado. Inclusive, consideró que las recomendaciones emitidas por el comité le serían de "gran utilidad" para la elaboración del diagnóstico que realizará su gobierno, en conjunto con la oficina que la ONU instalará en el país.

Los observadores del organismo internacional visitaron México del 23 de agosto al 12 de septiembre de 2001 para recabar datos sobre la tortura y se entrevistaron con autoridades del Poder Judicial y de seguridad nacional, así como con defensores de derechos humanos. Asimismo, recopilaron testimonios de personas afectadas -incluidos reclusos y familiares- en Tamaulipas, Oaxaca y Guerrero.

Para entonces, organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron al comité de hechos ocurridos en al menos 26 estados entre 1998 y 2001: 73 casos extraídos de información de prensa, que afectaron directamente a 177 personas, y 26 reportados directamente por las ONG, con resultado de 40 presuntas víctimas.

En el informe final, el comité externó su preocupación por la "ineficacia" gubernamental para desterrar la práctica de la tortura en México que, de acuerdo con sus resultados, deriva de la "impunidad" de las autoridades encargadas de impartir justicia y de admitirla como "medio probatorio" para obtener confesiones y declaraciones.

"La prueba de la tortura -de acuerdo con la observación emitida- es un elemento que contribuye ampliamente a que los casos que lleguen a los tribunales queden impunes. En efecto, no obstante las disposiciones adoptadas, la práctica judicial mexicana, en los hechos, ha trasladado el peso de esta prueba a las víctimas. Y son éstas quienes deben acreditar que su confesión fue coaccionada."

Recordó la desesperación de algunos testigos para reunir pruebas suficientes que demostraran que fueron afectados y de las limitaciones económicas para contratar defensa legal. "Varios presidentes de comisiones estatales de derechos humanos mostraron su inconformidad con la actuación de agentes del Ministerio Público y jueces para reclasificar algunos casos como abuso de autoridad o lesiones, delitos que tenían una pena inferior."

De las 11 recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura resaltan: reforzar la garantía constitucional que exige orden judicial para realizar una aprehensión; permitir que los jueces interroguen a los detenidos para verificar si su declaración ministerial fue emitida en forma libre y exenta de cualquier medio de coerción; mejorar los servicios de defensoría pública; restringir el fuero militar para radicar en los tribunales civiles la denuncias contra elementos del Ejército y establecer una fiscalía especial, autónoma e independiente del Poder Ejecutivo, para la instrucción de las averiguaciones previas cuando haya denuncias al respecto.