En el informe 2003, expresa preocupación por la participación del Ejército en seguridad

El gobierno mexicano, incapaz de salvaguardar derechos humanos: AI

Deplora la existencia de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos en todo el país

ALMA E. MUÑOZ

Amnistía Internacional (AI) lamentó que el gobierno mexicano, a pesar de haber renovado su compromiso de protección y promoción de los derechos humanos, no pueda salvaguardar su práctica ni exigir responsabilidad a las autoridades acusadas de violentar estas garantías.

En su informe 2003, criticó la falta de control sobre las instituciones encargadas de la procuración de justicia, que "impiden" la realización de investigaciones verosímiles e independientes sobre abusos, y externó su inquietud por la participación del Ejército en labores de seguridad.

En esta ocasión, AI presentó una lista de los casos que ocurrieron durante gobiernos pasados pero tienen trascendencia internacional y no han sido resueltos: los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la muerte de Digna Ochoa, las víctimas de la llamada guerra sucia, amenazas, hostigamiento y campañas de descrédito contra defensores de derechos humanos y periodistas, así como la militarización en zonas indígenas.

Deploró los hechos documentados hasta 2002, producto de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en todo México, y la negativa de la Cámara de Senadores a ratificar, al pie de la letra, el protocolo de la Corte Penal Internacional por el temor de algunos sectores a que su aplicación específica para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad tenga retroactividad.

Asimismo, que las comisiones nacional y estatales de derechos humanos, por falta de reformas a su estructura, no puedan "salvaguardar" la práctica de las garantías fundamentales, exigir responsabilidades a las autoridades acusadas y el cumplimiento de las normas internacionales en la materia.

En la síntesis ejecutiva del informe denominado "El pasado dice cosas que interesan al futuro", AI reconoció la disposición oficial por establecer medidas de protección y promoción a las garantías individuales pero, al mismo tiempo, dio cuenta de cómo las propuestas siguen pendientes de ejecución. "La mayoría de los gobiernos de los 31 estados mexicanos, en cuya jurisdicción se cometían muchas violaciones, no afrontaron seriamente los abusos" y, pese a las iniciativas adoptadas por el gobierno federal, "todavía no se habían abordado -al menos hasta el cierre de 2002- las causas subyacentes" de esos ataques.

Criticó que representantes de los poderes Legislativo y Judicial intentaran desacreditar el informe elaborado por el relator especial de la Organización de Naciones Unidas acerca de la Independencia de jueces y abogados, que informó sobre la corrupción que prevalece en este terreno.

En siete apartados, advirtió de la situación en México. Sobre detención arbitraria, tortura y malos tratos, acusó que siguen siendo "generalizadas" estas prácticas por parte de agentes del Ministerio Público Federal y que recibió notificaciones sobre detenidos que murieron por dichas causas. "Los jueces -en estos casos- no analizaron debidamente las denuncias sobre confesiones obtenidas mediante coacción, perpetuando así el uso de la tortura como medio de investigación" y, por lo tanto, no se procesó a funcionario público alguno por el uso de estas medidas. De acuerdo con AI, la "falta de control" sobre las "excesivas atribuciones" de agentes del Ministerio Público "privaron" a las víctimas de su derecho a que se hiciera justicia, "garantizando así la impunidad".

Ilustró con lo ocurrido a Guillermo Vélez Mendoza, quien murió el 29 de marzo de 2002, poco después de ser arrestado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación con una serie de secuestros, y con la detención a mano armada de Miguel Angel Gómez, Andrés Gómez Luna y Mariano Cruz Hernández por judiciales de Chiapas.

Para referirse al "clima de impunidad" que permea en México cuando se trata de solucionar abusos contra defensores de derechos humanos y periodistas, AI recordó lo sucedido con el general José Francisco Gallardo y los campesinos ecologistas Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel, a quienes se otorgó la libertad pero no se resolvió a fondo sobre los abusos cometidos en su contra. Expresó dudas sobre la protección que brindan autoridades hacia algunos promotores, cuando se solicita su intervención.

Cuestionó la teoría de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal acerca de que Digna Ochoa se suicidó, y sobre el ataque armado que sufrió en su domicilio, en enero de 2002, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, Pedro Raúl López.

Insistió, además, en el "uso indebido" del sistema judicial, "especialmente en el ámbito estatal, en el que activistas sociales fueron sometidos a largos periodos de prisión preventiva y a penas excesivas de cárcel".

Manifestó que a partir del segundo año del actual gobierno se crearon tensiones sociales por las repercusiones que podrían tener en algunas comunidades proyectos de infraestructura y desarrollo, como el Plan Puebla-Panamá. Enlistó la anulación a las condenas de los pescadores michoacanos Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya, quienes fueron encarcelados en 2000 por protestar contra las restricciones sobre las zonas de pesca; la amenaza de expropiación de tierras comunales en Atenco, estado de México, para la construcción de un nuevo aeropuerto, y la aprehensión de manifestantes por pronunciarse contra la destrucción del Casino de la Selva, en Cuernavaca, Morelos.

Denunció que continuaron las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones de presuntos delincuentes, como ocurrió con Jesús Angel Gutiérrez Olvera, arrestado por judiciales del Distrito Federal en relación con una serie de secuestros, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

En materia de impunidad, expresó su preocupación por la falta de "indicios claros de avance" en las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, especialmente por su "dependencia" de la PGR y el hecho de que "no reclamara -al menos durante el ejercicio pasado- su competencia sobre importantes casos relacionados con las fuerzas armadas".

Este hecho constituyó para AI una de las principales inquietudes, porque "altos cargos militares seguían desempeñando un papel clave en la PGR y el fuero castrense continuaba evitando el procesamiento de oficiales del Ejército por violaciones a derechos humanos".

Para AI las comunidades indígenas continuaron, durante el periodo de referencia, sufriendo marginación y discriminación y lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimara las impugnaciones a la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas, pese a que la normatividad "no refleja los principios negociados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional", impidiendo así una resolución del conflicto. Ello provocó, según el informe, que se mantuviera una "fuerte" presencia militar en aquellas zonas, así como agresiones de los llamados grupos paramilitares.

Finalmente, externó su preocupación porque las autoridades no investiguen a fondo los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y, en contraparte, exista hostigamiento a periodistas y familiares de las víctimas por no cejar en su búsqueda de justicia. Sumó a estos actos la falta de respuesta a violaciones cometidas por elementos del Ejército contra mujeres indígenas, como ocurrió en Guerrero, y que su esclarecimiento esté en manos de fiscales militares.