No comprobó el gasto de $2 millones, de las cuotas

La procuraduría perseguirá de oficio denuncia contra José Medel

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La denuncia que la sección 12 del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) presentó en la Procuraduría General de Justicia capitalina contra el secretario general, José Medel Ibarra, por no comprobar el gasto de dos millones de pesos de las cuotas sindicales, se perseguirá de oficio por tratarse de un monto superior a cinco mil veces el salario mínimo y ser más de dos las personas afectadas.

De esta manera, el líder sindical no podrá negociar con los agraviados el desistimiento de la denuncia que la agencia 50 del Ministerio Público inició por abuso de confianza.

La averiguación previa correspondiente, con clave FACI/50T2/1028/03-05, podría pasar a manos de la Fiscalía para Delitos Financieros, al tratarse de un conflicto entre particulares, como asociación sindical, independientemente de la calidad de servidores públicos de los querellantes y el probable responsable.

Según se establece en las reformas al Código Penal que entraron en vigor el pasado 16 de mayo, en este caso, al tratarse de un monto superior a los 218 mil 250 pesos, el ilícito deja de perseguirse por querella y la autoridad ministerial inicia la indagatoria de oficio.

Analizan pruebas documentales

La dependencia informó que continúa el análisis de las pruebas documentales que presentó junto con su denuncia la secretaria general de la sección 12, de servicios médicos, Ana María Pérez Martínez.

Entre las pruebas se encuentra el acta de entrega de la sección sindical levantada el 2 de diciembre de 2002, donde no figura informe alguno sobre el destino de las cuotas sindicales correspondientes al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 30 de noviembre del mismo año, tiempo en el que la sección permaneció sin titular y se instaló una representación provisional.

Asimismo, se encuentra un oficio en el que la secretaria general de la citada sección solicita al oficial mayor del gobierno de la ciudad, Octavio Romero Oropeza, que informe sobre los montos pagados por los agremiados por concepto de cuotas sindicales y las personas a que fueron entregados.

Por el delito de abuso de confianza, la reciente reforma penal establece una sanción máxima de 11 años de cárcel, y por el monto es considerado grave, sin derecho al beneficio de la libertad bajo fianza.