Alejandro Nadal

EU y el pepino de los consumidores

En el discurso de los economistas, las preferencias de los consumidores son sagradas. Suponen que las fuerzas del mercado deben actuar sin obstáculos precisamente para aumentar el bienestar de los consumidores. Pero, en los hechos, las preferencias del público importan un pepino, sobre todo si es transgénico.

La prueba se encuentra en la demanda interpuesta por Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra una supuesta moratoria vigente en la Unión Europea (UE) sobre el uso de esta tecnología. De prosperar, la demanda tendría fuerte impacto sobre la agricultura mundial.

El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (de la OMC) autoriza a un Estado a prohibir la importación de artículos para proteger la salud y el medio ambiente siempre y cuando dicha restricción esté respaldada por evidencia científica. La demanda estadunidense sostiene que la prohibición europea constituye un acto de proteccionismo injustificado porque no hay ninguna evidencia de que los cultivos transgénicos presenten riesgos para la salud humana o los ecosistemas. Por lo tanto, la restricción europea debe ser derogada.

En Europa el sentir es diferente. Desde 1998 la Unión Europea no ha aprobado un solo producto genéticamente modificado porque persiste fuerte desconfianza de los consumidores frente a estos artículos. Eso ha provocado que el proceso de autorización se haya mezclado con la reglamentación sobre etiquetado e información al consumidor.

Pero la postura oficial de la UE no está en contra de los transgénicos. El diseño de un esquema regulatorio no entraña una prohibición y es acorde con las reglas de la OMC. De hecho, la UE ha aprobado algunos cultivos transgénicos en el pasado y le ha dado entrada a varias nuevas solicitudes. Las declaraciones de Pascal Lamy (comisionado de comercio de la UE) indican que el objetivo del esquema regulatorio es "restaurar la confianza de los consumidores en los cultivos transgénicos" y permitir la expansión de este mercado.

En el fondo lo último que desea la UE es dejar a los conglomerados europeos de biotecnología en desventaja. Las empresas europeas carecen hoy de un mercado para desarrollar sus líneas de productos y el esquema de etiquetado que está siendo diseñado permitiría el lanzamiento de una gama amplia de productos transgénicos.

Así, la demanda estadunidense carece de sentido y es, en realidad, la otra hoja de la tijera para adecuar las "preferencias de los consumidores" a la oferta de los productos transgénicos. Para la industria biotecnológica europea, la demanda es oportuna porque agilizará la difusión de los cultivos transgénicos.

Los promotores de cultivos transgénicos alegan que no ofrecen riesgos y que no hay razón para retrasar su introducción. Pero ocultan que existe un intenso debate en el seno de la comunidad científica sobre esto. Algunos de los riesgos están relacionados con la presencia de nuevos alergénicos en organismos genéticamente modificados. Otros tienen que ver con el material genético utilizado como marcador pero que confiere resistencia a los antibióticos. La presencia de este material en alimentos podría degradar la eficiencia del uso de medicamentos. Y en caso de transferirse a agentes patógenos agravaría el persistente y bien conocido problema de la proliferación de organismos resistentes a los antibióticos. Otros riesgos están relacionados con la producción de toxinas y la concentración de metales tóxicos. Desde luego, existen riesgos para los ecosistemas si la resistencia a plagas se confiere a variedades silvestres de cultivos transgénicos. En otros casos, insecticidas naturales, como la toxina Bt, dejarán de ser útiles para la agricultura al alterarse el patrón de su utilización.

En resumen, los riesgos son importantes y suficientes para que la carga de la prueba (de inocuidad) esté del lado de la industria biotecnológica y no de las agencias regulatorias. Cuando el interés público está involucrado, ese es el orden jurídico natural. La cautela en este terreno es conforme al principio precautorio consagrado en la Convención sobre Biodiversidad y el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad.

El comunicado de prensa del gobierno estadunidense señala que México apoyó la demanda como tercero interesado. Si eso es cierto, sería bueno saber por qué el gobierno mexicano guarda silencio sobre este asunto. Quizás esta maniobra explica por qué no se ha querido enfrentar el problema de la contaminación de variedades de maíz con material transgénico. Parece ser que en este tema la última palabra la tienen Usabiaga y Derbez. Las autoridades ambientales, Semarnat al frente, se han doblegado a una política que prepara la difusión de los cultivos transgénicos en México. El camino parece pasar por este nuevo apoyo incondicional a Estados Unidos.