Luis Linares Zapata

Elites y finanzas públicas asediadas

Las finanzas públicas y las elites mexicanas enfrentan una serie de alternativas sobre las cuales se deberán adoptar cruciales decisiones que marcarán el futuro desarrollo del país. Por estos días se ventilan en el Congreso diferendos y presiones que exigen soluciones básicas. Los olvidos voluntarios de legisladores renuentes a sacar las reformas estructurales pendientes, las distracciones por escándalos propiciados por la señora. Sahagún y sus libros, los altibajos en las preferencias electorales de los distintos candidatos y partidos o la difusión de los viajes al exterior del Presidente, son asuntos menores que hay necesidad de dejar a un lado.

El erario confronta requerimientos inaplazables. Unos le provienen de las obligaciones crecientes para honrar la deuda heredada del viejo Fobaproa al IPAB y del obligado canje de los pagarés por bonos con reconocimiento explícito como deuda pública. Otros, de las inaplazables inversiones en el sector energético que se han ido dejando en manos de compañías privadas, principalmente externas, de manera por demás irregular, si no es que francamente ilegal. Las demás presiones sobre los muy escasos remanentes presupuestales las provocan los pasivos de siempre: la abultada deuda oficial, el hambre, infraestructura productiva incapaz de sostener un crecimiento adecuado de la fábrica nacional, la precaria salud de amplias capas sociales y su defectuosa atención por los organismos correspondientes, los pasivos contingentes u ocultos derivados de las pensiones y que suman miles de millones de pesos, el financiamiento para la rama educativa con sus urgencias para mejorar la calidad y aumentar la reducida oferta actual, así como otros tópicos de parecida relevancia.

La recaudación de ingresos para el erario, vía impuestos, es sumamente endeble en México (15 por ciento del PIB), como ya bien se sabe, y se ha analizado casi al detalle en la crítica periodística. Este es el que menos impuestos recaba de los países que integran la OCDE y también queda bastante mal parado si se le compara con otros cuyas economías son de similar (Argentina, Brasil, Chile) o de menor (Nicaragua, Costa Rica) envergadura y complejidad.

El complemento para no caer en la franca parálisis se toma de manera por demás arbitraria de las ventas de Pemex, empresa a la que se sujeta a un régimen leonino de gravámenes y que la tienen, después del larguísimo periodo de expoliación, en un estado de deterioro que no puede, ni debe, dejarse continuar. El monto de los recursos a sustituir, sólo por esta razón, alcanza cifras que bordean los 300 mil millones de pesos, si a los de Pemex se le suman los subsidios que debían correr a cargo del gobierno, pero que éste le transfiere a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Es preciso, por tanto, embarcarse de una vez por todas en la ya muy aplazada Reforma Fiscal, con mayúsculas. Los legisladores ya no pueden evitar abordar el cómo, cuánto, el dónde y a quiénes se les cobrarán los impuestos necesarios para financiar debidamente el desarrollo.

El periodo de la presente Legislatura llega a su fin y no cumplió con esta obligación básica. Todo indica que de nueva cuenta dejará para la próxima camada de diputados la responsabilidad de encarar tan delicado pendiente. Todavía ahora un partido político (el PRD) difunde, con un orgullo de asambleísta permanente, haber sido el único que se opuso al incremento del IVA de 10 a 15 por ciento y ataca a la coalición que, en su momento, formaron el PRI y el PAN. Tal mensaje apunta a una continuada oposición a encarar, frente al electorado, lo que debía ser el meollo de la actual campaña proselitista para conseguir el apoyo popular para aumentar impuestos y modernizar el aparato recaudatorio. La seriedad del PRD es un pendiente y su frivolidad seudopopular queda reforzada. Pero los demás partidos hacen discreto mutis en tan espinosa materia. Ni el PAN o el PRI dicen o declaran algún interés al respecto.

No se trata de incrementar los ingresos presupuestales con un ánimo injusto o simplista, tal como lo pretendieron las autoridades de la administración de Fox en su frustrada tentativa. Tampoco de recargarse en los contribuyentes de siempre o esconder las ineficiencias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son insultantes, sino de hacer pagar a todos de manera desigual, según sus ingresos o capacidades reales. Un sistema impositivo que sea sencillo de administrar y, por tanto, sin privilegios y subterfugios como los que ahora dominan y que se justifican de manera tan infantil como interesada.

Se tiene la inaplazable urgencia de diseñar una reforma fiscal que dote al gobierno de abundantes recursos necesarios (entre 25 y 30 por ciento del PIB) para financiar con holgura el desarrollo. En el entendido de que el círculo vicioso de la pobreza, de las redundantes y conocidas carencias que asuelan a México pueda así ser quebrado. Y la única manera de hacerlo es teniendo una hacienda pública rica. No hay crecimiento sostenido, y menos aún justo, si no se cuenta con una administración que invierta y genere ahorro. La miseria de la actualidad sólo provoca imaginar salidas instantáneas, a corto plazo, incompletas y, al final, más precariedad y limitantes.

šYa basta, señores encargados de las decisiones, cumplan con su deber!