En ocasiones ha provocado violencia: Prodh

El gobierno actúa en forma parcial y deficiente en conflictos indígenas

ROSA ROJAS

Las autoridades gubernamentales han actuado en forma "deficiente, tardía, parcial y muchas veces mal intencionada" en los conflictos sociales de las comunidades indígenas, lo cual, en no pocas ocasiones, ha provocado que esas pugnas se transformen en violencia inter o intracomunitaria y en fuente de numerosas violaciones a los derechos humanos, afirmó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En un análisis sobre Conflictos en regiones indígenas y obligaciones del Estado cita como ejemplo nueve de los casos más graves que existen en las regiones indígenas de Oaxaca -entre ellos los de Unión Hidalgo, San Miguel Quetzaltepec, Yosonotú, Yosotato, San Isidro Vista Hermosa y Amoltepec- y hace un llamado, "en especial" al gobierno que encabeza José Murat, "a que encauce adecuadamente esos conflictos" y exige que "en este proceso dé prioridad al diálogo y la concertación sobre el uso de la fuerza pública".

Menciona que los problemas sociales en distintas regiones indígenas del país responden a diversas causas, por ejemplo, a disputas por los recursos económicos entre cabeceras y agencias municipales o entre diferentes facciones políticas del municipio; cuestiones relacionadas con límites territoriales o dotaciones empalmadas; diferencias en los procedimientos para la elección de autoridades o en el ejercicio de la administración municipal; competencia por recursos naturales escasos; diferencias de carácter religioso; entre otras, pero la constante que los cruza a todos es la deficiente intervención gubernamental.

Agrega que el Estado tiene la obligación de asumir el arbitraje en las disputas hasta lograr construir los consensos necesarios para superar las diferencias. En vez de esto, "encontramos que en México los funcionarios gubernamentales que tienen la facultad y la obligación de mediar en los conflictos que emergen en las comunidades indígenas -provengan de dependencias estatales o federales- pocas veces han estado a la altura de su responsabilidad y actúan solamente cuando la violencia entra en escena.

"Lo acontecido recientemente en la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo (donde una demanda popular de auditoría al ayuntamiento derivó en represión de éste contra la organización ciudadana, con un muerto y 10 heridos y secuelas posteriores que llevaron a la detención de tres dirigentes ciudadanos), ilustra claramente cómo la indiferencia gubernamental frente a las demandas ciudadanas provoca que conflictos comunitarios que podrían ayudar a democratizar la vida municipal deriven en violencia y en la desintegración de los lazos sociales y la solidaridad grupal, recursos que tienen un valor central para todas las comunidades indígenas, sobre todo para aquellas que navegan a contracorriente del régimen", indica el Prodh.