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México D.F. Miércoles 28 de mayo de 2003

Autoridades de Semarnat y SRA analizarán acciones para solucionar el conflicto

Montes Azules podría ser detonante de una situación como la de 94 en Chiapas

Para Chimalapas, plantea comprar tierras y entregarlas en custodia a Santa María

MATILDE PEREZ U.

El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, aceptó que urge solucionar los conflictos de posesión de tierras en Montes Azules, Chiapas, y en los Chimalapas, Oaxaca, y dijo que ambos son parte de los 14 puntos rojos agrarios que requieren acciones prontas y adecuadas.

Este día Salazar Adame sostendrá una reunión con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Lichtinger, para abordar el caso de Montes Azules, que podría convertirse en la chispa para que Chiapas volviese a una situación similar a la de 1994. "Estamos preocupados; no pensamos que de manera inminente pudieran surgir actos de violencia, pero no podemos saber el curso que pueda tomar el conflicto. Sin embargo, este problema se ha prolongado demasiado, hay que resolverlo rápido, quizá este fin de semana la Semarnat y la SRA, junto con el gobierno del estado, acordemos las acciones prioritarias".

En 1995, el gobierno federal estableció la mesa agraria-ambiental con el propósito de detener el crecimiento de los asentamientos irregulares en la reserva de la biosfera Montes Azules y para, presuntamente, cumplir con la promesa de regularizar los asentamientos anteriores al decreto presidencial de 1972, mediante el cual se dotó de 614 mil 321 hectáreas a la comunidad lacandona. Desde entonces todos los indígenas involucrados han escuchado promesas de reubicación, vivienda, apoyos para proyectos productivos y hasta de acciones para que retornen a las comunidades de las que salieron por presiones de diversos grupos armados.

Lo cierto, dijo Salazar Adame, es que en este caso una de las situaciones que "está pesando mucho es el retorno de algunas comunidades a sus lugares de origen". Debemos pensar en soluciones negociadas, en las que el gobierno estatal, Semarnat y SRA actúen de manera coordinada.

Para el caso de la disputa que existe entre los indígenas zoques de Santa María Chimalapa y la colonia Cuauhtémoc, el titular de la SRA aseguró que está por la "solución negociada". Ambas partes tienen razón en decirse propietarias de 13 mil hectáreas, cada una tiene su dotación, pero se trata de la misma tierra.

La colonia Cuauhtémoc logró el dictamen legal del Tribunal Agrario de que esa superficie le pertenece; los comuneros de Santa María Chimalapa perdieron los juicios porque no hicieron valer de manera oportuna los documentos que avalan la propiedad antes de la creación de dicha colonia.

La propuesta de la SRA es comprar a la colonia Cuauhtémoc las 13 mil hectáreas y crear una reserva natural para entregarla en custodia a Santa María, "con esa acción se terminaría el conflicto y se mantendría esa área como reserva, que también serviría como un colchón (entre las partes en conflicto) que evitaría confrontaciones".

Salazar Adame consideró que este caso podría solucionarse, aunque "ambos grupos han asumido posturas intransigentesindigenas-protesta_nc4 que generan tensión y preocupan a las autoridades, porque están armados".

El titular de la SRA se abstuvo de dar a conocer el monto que ha ofrecido a la colonia Cuauhtémoc por las tierras, ya que "eso es parte de la negociación, disponemos de los recursos suficientes para pagar de manera justa por esa superficie". Ese monto estaría integrado por parte de los 449 millones de pesos destinados para la atención de conflictos agrarios que requieren solución inmediata y otros fondos que aportaría la Semarnat. "Lo que buscamos es la voluntad de las partes y el alineamiento de todas las autoridades, de los núcleos agrarios, municipales, gobierno estatal y federal, para estar en la misma frecuencia, porque de repente surgen recelos, dudas y hay interferencias entre los integrantes del sector público, eso impide que las cosas avancen con rapidez en este tratamiento negociado".

Salazar Adame ratificó que el gobierno federal solicitó la presencia del Ejército en la zona de conflicto, al que se sumó el grupo de la policía estatal que envió el gobierno de Oaxaca, "esto es garantía de que no habrá confrontación".

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