Según ONG e investigadores, 60 mil efectivos castrenses están desplegados en la entidad

Militarización, respuesta permanente a las demandas de indígenas en Chiapas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 27 de mayo. Al paso de los años, en lo que va de las amenazas a las promesas gubernamentales, la militarización generalizada de las tierras indígenas de Chiapas sigue siendo la única respuesta permanente a las demandas de los nativos. Aun bajo los cálculos más conservadores, ésta es la entidad de la República con mayor concentración de tropas y equipo de combate.

Organismos civiles e investigadores independientes calculan que en Chiapas hay hasta 60 mil efectivos castrenses, mientras las fuentes militares, siempre parcas, nunca reconocen más de 18 mil. Luego de la ofensiva zedillista contra los indios rebeldes, en 1995, y hasta la fecha, no se han efectuado retiros o recortes significativos de tropa, y nada indica que su número haya disminuido en ningún momento: movimientos de personal, cambios de posición (a veces a unos cuantos kilómetros de su emplazamiento anterior) y relevo de algunos regimientos cada cuando. Nada más. Una transexenal maquinaria de guerra dedicada a "contener" a los pueblos mayas y zoques del estado (2 por ciento de la población nacional).

En consecuencia, Chiapas es la única entidad donde se practica abierta y sistemáticamente una "guerra de baja intensidad", tan proteica como convenga a su fin primordial, que es fracturar la solidaridad en las comunidades. "Quitarle el agua al pez de la revuelta", o "ganar las mentes y los corazones de las aldeas nativas", como sugerían los manuales clásicos que el Pentágono aplicaba en países bananeros.

Donde hay militarización no hay paz

Hoy, 27 de mayo de 2003, operan cerca de 50 puestos de revisión en caminos y carreteras. Se yerguen grandes instalaciones militares en la selva Lacandona, la zona norte, la región Frontera y Los Altos. Uno ve Bases de Operaciones Mixtas (BOM) por doquier. Medio millar de campamentos y cuarteles, en su mayoría concentrados en torno a comunidades en resistencia donde habitan las bases de apoyo del EZLN. En ciertos lugares, como Chenalhó, el valle de Ocosingo, los perímetros de Montes Azules y las cañadas de la selva, el despliegue de fuerzas federales de combate es abrumador.

La presencia sin tregua del Ejército federal ha transformado directamente la vida social de las comunidades donde se instala. Constituye una amenaza explícita para los zapatistas. Y si se trata de localidades "aliadas" (como San Quintín, Cintalapa, Nueva Palestina, Monte Líbano y otros enclaves priístas de la selva), la transformación resulta más profunda; allí, los campesinos se vuelven lavanderas, meseras, chalanes, informantes, comerciantes; estas comunidades ahora conocen, al menos de vista, la prostitución y otras prácticas "civilizatorias".

Tal pareciera la respuesta fundamental del Estado mexicano al reclamo rebelde de 1994. La segunda vertiente de dicha "respuesta", la denominada inversión social, ha sido millonaria en los números, parcial en su ejecución y siempre orientada a "desanimar" de manera preferencial la resistencia rebelde. Diversos analistas han coincidido recientemente en que el gobierno de Vicente Fox sigue pensando en "derrotar" la resistencia, a pesar de que ésta se mantiene pacífica. Más de mil comunidades permanecen en espera de que se cumplan los compromisos de un gobierno que sigue apostando a que "eso se pudra".

Antes de perderse en el debate de qué fue primero, si los huevos o la gallina (la rebelión o la violencia atroz de "las causas que le dieron origen"), cabe parafrasear unas palabras de la investigadora Ana Esther Ceceña, expresadas en esta ciudad hace un par de semanas: "Donde hay militarización no hay paz".

Los conflictos que ensombrecen la vida cotidiana de las comunidades autónomas son producto directo de la "guerra de baja intensidad", aunque la mano militar no siempre se vea a primera vista. El gobierno no acepta que existan paramilitares; lo que hay, dice, son "conflictos intercomunitarios".

Como el ruido de un viejo refrigerador, las presencias continuas llegan a olvidarse. En los discursos oficiales y los medios de comunicación, la militarización y sus efectos no existen. En tanto, se criminaliza la disidencia, y con ello la represión puede llamarse "aplicación de la ley" y "restablecimiento del estado de derecho".

A la hora de preguntarse el por qué de la "conflictividad intercomunitaria", el despliegue militar disuasivo y su impacto político y social vienen siendo la carta robada del cuento de Edgar Allan Poe. En ocasiones lo obvio no es evidente: aquí no hay paz porque la guerra no cesa. Así sea sorda, subrepticia, lenta, disimulada, de "baja intensidad", la guerra contra las comunidades indígenas de Chiapas está instalada y en curso.