ENTREVISTA /JOSEBA AGUDO M., ABOGADO DE PRESOS POLITICOS DEL PAIS VASCO

Uno de cada mil vascos sufre cárcel o exilio

EL USO FRAUDULENTO DE LA LEY PUEDE VOLVERSE CONTRA CUALQUIERA

BLANCHE PETRICH

Para Joseba Agudo M., abogado de presos políticos del País Vasco, las verdaderas cifras de la democracia en el Estado español no son las de los resultados de las elecciones recientes, sino otras: 530 presos políticos en España y 130 en Francia, más una docena en prisiones de Canadá, México, Gran Bretaña, Holanda y Alemania; cerca de 2 mil exiliados en decenas de países. De estos detenidos, cerca de 250 son ciudadanos que no militan en organización armada alguna: son periodistas, abogados, políticos y servidores públicos criminalizados por su labor en las líneas de la autodeterminación, simples activistas de la causa independentista.

Otro dato que, opina Agudo, pone en entredicho el estado de derecho en la nación ibérica: en los reportes recientes del Alto Comisionado contra la Tortura, el relativo a España fue el más voluminoso, por encima de los de Zimbabue y Argelia.

"Lo que se traduce en que uno de cada mil vascos sufre cárcel o exilio; miles de familias viven afectadas directa o indirectamente por la represión del Estado español contra el movimiento por la autodeterminación de Euskadi". Todo ello parte de un proceso que arrancó "de poco a más" en 1997, cuando la justicia empezó a meter presos a activistas del movimiento independentista acusados, con frecuencia sin fundamento jurídico, de presunta "pertenencia" o "apología" a banda armada, es decir, a ETA. En consecuencia, son cientos los ciudadanos que entran y salen de las cárceles y que, en virtud de las leyes antiterroristas, pueden ser incomunicados -con riesgo de ser torturados- cinco días.

De ese año a la fecha han desaparecido organizaciones de defensores de derechos humanos, como Askatasuna y Gestoras por Amnistía; de familiares de presos, como Senideak, y periódicos como Egin y posteriormente Egunkaria.

"En el ideario colectivo de nuestra sociedad -señala Agudo en entrevista- hay un antes y un después de la proscripción de Batasuna, un partido político que en su momento más bajo en la preferencia electoral obtuvo 10 por ciento de votos, pero que en términos de cargos públicos es la segunda fuerza política en el País Vasco". Sin embargo, subraya que la represión a las distintas formas del pensamiento independentista no iniciaron con la ley de partidos aprobada este año, sino hace cinco, cuando fueron ilegalizados grupos civiles como la juvenil Segi o Askatasuna. Organizaciones con más de 20 años de existencia fueron proscritas hasta llegar al sumario 1898, que culminó con la prohibición del partido independentista Batasuna.

Para el jurista de 28 años, representativo de la nueva generación de abogados especializados en hacer frente a esta ofensiva de la Judicatura española contra el nacionalismo, hay una complicidad de tres eslabones con el gobierno del Partido Popular para desaparecer del mapa todas las expresiones de independencia vasca.

"Primero los medios arman campañas de desprestigio, la policía fabrica cargos a partir de los informes periodísticos y los jueces Baltasar Garzón y Juan del Olmo simplemente dan como buenos los informes policiacos, actuando como instrumentos del gobierno. En esto, el estado derecho en España se parece cada día más a uno totalitario."

Mordaza a la prensa de Euskadi

El cierre y la criminalización de los periódicos Egin y Egunkaria son ejemplos de cómo opera este trío de intereses. El primero fue acusado en 1998 de pertenencia a banda armada. Fue clausurado y su directiva detenida. Más adelante, los jueces cambiaron la acusación por "colaboración con banda armada", cargo que en su momento no habría acreditado la clausura de la publicación. Los periodistas fueron liberados de manera provisional y todavía están en espera de juicio.

Hace algunos meses fue clausurado Egunkaria. En los años 80 surgió como un proyecto que pretendía llenar un vacío en el periodismo de Euskadi, un diario en lengua vasca. Con el tiempo llegó a consolidarse como un buen periódico, con un sólido público. Fue señalado como "cómplice de ETA" porque en un allanamiento de un local de la organización armada se encontró una carta, fechada en 1993, en la que un militante afirmaba seguir con atención lo publicado en dicho diario.

En ambos casos los acusados siguen en espera de un juicio ante los tribunales. Mientras, los diarios están proscritos y sus directivos viven con la orden de aprehensión a cuestas.

Similar, continúa el abogado, fue el proceso que llevó a prisión a una veintena de dirigentes del área internacional de Batasuna a finales de los años 90 por su presunta relación con ETA. Dos de los magistrados de la sala cuarta de lo penal rechazaron sistemáticamente la tesis del juez Garzón por falta de elementos. Para remover ese obstáculo, los jueces fueron acusados de prevaricación. Este cargo no se comprobó y fueron reintegrados pero en salas distintas: la cuarta fue integrada exclusivamente por gente afín a Garzón.

Esos fueron los pasos previos a la ilegalización del partido.

Estas medidas, refiere el jurista vasco, han hecho "muy cuesta arriba" el trabajo de los grupos del llamado "movimiento abertzale", organizaciones de jóvenes, sindicatos, asociaciones de vivienda, de educación, de enseñanza de euskera para adultos, de derechos humanos, de familiares de presos y de atención a las adicciones. "No estamos dispuestos a perder los espacios que se ganaron con un costo muy alto en el siglo XX. Pero lo cierto es que las organizaciones proscritas trabajan con una gran precariedad; ya no vivimos el franquismo, no sabemos trabajar en la clandestinidad, actuamos dentro de nuestros campos, en el movimiento independentista vasco, sin escondernos, sin conciencia del delito que nos imputa el Estado por actuar conforme a nuestra conciencia. No hemos asimilado que por el hecho de pegar un cartel podamos ser apresados o que por manifestarnos tengamos que pagar multas altísimas, o enfrentar juicios como terroristas por defender derechos humanos o laborales de la gente".

Joseba Agudo critica el nacionalismo vasco conservador, porque en su oposición a estas políticas de acoso al independentismo, se ha limitado a protestar retóricamente -incluso el presidente de la comunidad autonómica vasca, Carlos Ibarretxe, las definió como "un nuevo GAL (grupo antiterrorista de liberación) mediático"-, pero en los hechos envía a la policía a reprimir las manfestaciones.

Reclaman coherencia

"Se ha invertido un modus vivendi histórico que prevaleció entre los vascos y el gobierno central en España, que viene incluso de antes del franquismo. Decían: 'se acata pero no se cumple'. Ahora dicen: 'se cumple pero no se acata'. Lo que reclamamos del gobierno vasco es coherencia. Si realmente se opone a la ilegalización del movimiento independentista, que no colabore con la represión; que anule los códigos que le permiten a la policía autonómica (la ertzaintza) incomunicar a los detenidos sospechosos durante cinco días, que deje de reprimir la libre manifestación de ideas. Está en su mano, ¿por qué no lo hace?"

La vuelta de tuerca más reciente del hostigamiento a los independentistas vascos fue la anulación de las candidaturas de la formación Autedeterminazionen Bilgunea (Unión por la Autodeterminación), que costó cerca de 400 cargos de concejales, que ganaron en los comicios del domingo pero no serán reconocidos. "Es el mundo al revés -insiste el joven jurista-, se confunde al oprimido con el opresor. Los que defienden los derechos civiles y políticos de los vascos son los que no pueden participar en política".

Expresa que la nueva ley de partidos, que este domingo mutiló los derechos políticos de los vascos independentistas, es un arma para el futuro. "No será fácil para Batasuna reorganizarse con otro nombre, como ya lo hizo en el pasado, cuando se transformó en Herri Batasuna primero y Euskal Herritarrok después. La intención de la ley es impedir de antemano que exista otro partido político que defienda el derecho a la autodeterminación".

Y concluye con una advertencia: "Esto debería preocupar a las otras comunidades autonómicas. El uso fraudulento de la ley puede volverse contra cualquiera, contra el Partido Comunista Español, la Izquierda Republicana de Cataluña o cualquier otro que le venga en gana al poder".