Reconocen que sólo Fepade puede proceder en el caso

Poner en orden a obispos, exigen consejeros a Creel

Impugnan Cárdenas y Barragán intromisión de prelados

ALONSO URRUTIA

Más allá de las dificultades para procesar rápida y eficazmente las quejas partidistas contra la injerencia del clero en las campañas electorales, la Secretaría de Gobernación debería emitir una declaración para inhibir la intromisión de la jerarquía católica en la contienda, consideraron los consejeros electorales Jaime Cárdenas y José Barragán.

Al referirse a los crecientes llamados de la Iglesia católica, Cárdenas fue más allá, y subrayó que Gobernación pretende engañar cuando señala que hay una investigación, ya que sabe bien que por sus omisiones aún no existe el reglamento de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en el que deberían establecerse las sanciones correspondientes a los prelados que intervengan abiertamente en política partidista.

Ambos consejeros señalaron que las atribuciones que tiene el Instituto Federal Electoral (IFE) en cuanto a la injerencia de las iglesias en la contienda electoral es reducida. Si a eso se añade la ausencia del reglamento -precisó Cárdenas-, prácticamente queda la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, como única instancia para poder procesar a los jerarcas que han violado la ley.

"Ya quedará a criterio de la fiscal María de los Angeles Fromow si se turna el caso a los juzgados para que ahí se dirima en definitiva si hay violaciones a la legislación", dijo Cárdenas, quien externó sus dudas sobre el rumbo que tomarán estas denuncias -"las primeras desde la presidencia de Calles", ironizó- por el desempeño anterior de la funcionaria.

En tanto, México Posible denunció que ha recibido más de una treintena de correos electrónicos en los que se le cuestiona su proceder respecto a la Iglesia, y se le advierte de la necesidad que tiene para el país y la seguridad nacional su desaparición como partido, al promover prácticas como el aborto.

Los dirigentes de ese partido denunciaron que un nuevo caso de agresión de la Iglesia católica se dio en Aguascalientes, donde el vicario de la diócesis estatal, Rigoberto Ruiz, arremetió contra la "irresponsable campaña" de distribuir condones. El coordinador jurídico de México Posible, Jesús Robles, dijo que durante la reunión que este mediodía sostendrán los partidos en Gobernación plantearán de forma abierta la trasgresión de la ley que hace la jerarquía católica.

Por su parte, de acuerdo con los consejeros electorales, la documentación y queja turnados al IFE por parte del Instituto Electoral de Querétaro prácticamente pasarán a la Secretaría de Gobernación, que es la competente en la materia.

Barragán citó que en las condiciones actuales, sólo el Código Penal señala expresamente las sanciones que corresponden a los ministros de culto, y establece una sanción de 500 días de salario mínimo, alrededor de 21 mil 800 pesos, a quienes en ejercicio de su ministerio "induzcan al electorado a votar a favor o en contra de un candidato de un partido político o a la abstención del ejercicio del derecho de voto".

El consejero dijo que Gobernación debería de inducir al orden y evitar que se sigan entrometiendo los curas en la política partidista, lo que está de forma expresa prohibido por la ley. "Irónicamente los fieles católicos no necesitamos que ningún ministro nos diga cuáles son las obligaciones electorales, de manera que no hacen falta sus llamados", indicó.

El consejero agregó que sin duda es necesario actualizar las leyes, porque hay contradicciones abiertas: mientras en la legislación mexicana se registra a cada diócesis como asociación religiosa, el derecho canónico establece claramente lo contrario y considera a la Iglesia sólo como una instancia.

Quien fue más explícito en cuestionar las deficiencias legales y en demandar una declaración política de Gobernación fue Cárdenas, al considerar que por omisiones de la dependencia, que datan de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, no se ha considerado concretar el reglamento en la materia y eso impide ahora que se pueda sancionar a los jerarcas que se inmiscuyen en la política electoral. Las tres administraciones pasadas son responsables, planteó.