Ayer, durante un mitin organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, resultó severamente herido el profesor zacatecano Julián Hernández, tras un enfrentamiento con efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) que resguardaban el Palacio de Covián. Este hecho, de suyo lamentable, es un inquietante dato sobre la descomposición social y la irritación generadas por la ausencia de canales efectivos de diálogo entre el gobierno federal y los maestros disidentes y por la renuencia de las autoridades a atender reclamos tan importantes como un aumento salarial sustantivo, el incremento de la inversión en educación y las reivindicaciones en favor de una auténtica democracia en el sindicato magisterial.

En lo relativo al choque violento acontecido ayer, resulta preocupante que los mandos de Gobernación y la PFP, conociendo el malestar existente entre los manifestantes, hayan consentido o tolerado que la policía los reprimiera, pues esta actitud sólo refuerza la exaltación y la tensión entre los maestros y podría catalizar peligrosamente los rencores y las muestras de repudio contra la autoridad. Por otra parte, cabe exhortar a los profesores a que en sus acciones de denuncia y lucha social se abstengan de incurrir en actos de violencia o provocación que pudieran desatar nuevos enfrentamientos y mantengan sus exigencias en el marco del ejercicio pacífico y respetuoso de sus libertades ciudadanas. Para ambas partes, la búsqueda de soluciones mediante el diálogo civilizado y expedito es la ruta obligada a seguir tanto para reducir las presentes tensiones sociales como para comenzar a dar solución a las demandas legítimas del magisterio nacional.

Empero, el problema de los maestros mexicanos y de la educación en general en el país va mucho más allá de los recientes y deplorables enfrentamientos frente a la Secretaría de Gobernación. En primer término, el gobierno federal debe poner mayor atención a las reivindicaciones salariales -que no se agotan con los recientes magros incrementos- y decidirse de una vez por todas a colocar a la educación en la primera línea de la política nacional. Mientras no se destinen los recursos suficientes para dignificar las percepciones de los maestros y para dotar a las escuelas del país de la infraestructura, insumos y prestaciones suficientes para ofrecer educación de calidad, México seguirá rezagado en esta materia y postergando con ello el necesario desarrollo social y la elevación de los niveles de bienestar general.

Por otra parte, el gobierno federal no ha dado muestras de un compromiso suficiente en favor de la democratización plena del gremio magisterial y, por el contrario, la patente cercanía entre el Ejecutivo y los grupos de poder que controlan ese sindicato no contribuye a remover los fantasmas del charrismo y los cacicazgos que continúan lastrando el desarrollo democrático de esa agrupación sindical.

La irritación existente en el magisterio es un reflejo del malestar ciudadano y no únicamente la manifestación de un grupo o facción. Por ello, la formulación y aplicación pronta de una nueva política educativa, en la que los maestros democráticamente representados constituyan la columna vertebral, es indispensable para despejar los riesgos de nuevos enfrentamientos sociales -máxime cuando se aproximan los comicios federales- y para dar los mexicanos la educación y las oportunidades de desarrollo personal y colectivo a las que legítimamente aspiran y tienen derecho.