Entra en vigor la Ley General de Desarrollo Forestal

Conafor: con subsidios se podrán evitar conflictos agrario-forestales

ANGELICA ENCISO L.

El director de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Alberto Cárdenas, sostuvo que los conflictos agrario-forestales se podrán evitar con la entrega de subsidios, debido a que la violencia se desata por la desesperación de los campesinos al no tener ingresos fijos.

Al anunciar la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, una más de las siete que se han aprobado en los pasados 20 años, el funcionario dijo que ahora podrá haber planeación para atender las zonas conflictivas del país, a las cuales se canalizarán 130 millones de pesos.

Esas áreas son: Santa María Ocotán, Durango; Izta Popo, estado de México; Montes Azules, Lancandona y Marqués de Comillas, Chiapas; Chimalapas, Oaxaca; Mariposa Monarca, Michoacán; sierra Tarahumara, Chihuahua; sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero; parque nacional Zoquiapan, sierra de Zempoala, Huitzilac y Ajusco, Distrito Federal y Morelos.

En conferencia de prensa, indicó que con esa legislación se pretende reducir la tasa de deforestación, que en los pasados 10 años ha sido en promedio de 600 mil hectáreas anuales. Agregó que para lograr las metas es necesario contar con mayor presupuesto, porque en este momento de cada 50 pesos que se destinan al sector agropecuario un peso es para el rubro forestal.

Destacó que otra acción importante que se impulsará con la nueva legislación es pagar servicios ambientales en 200 mil hectáreas, los cuales podrían ser de 200 a 400 pesos por hectárea. En principio los cobros serían por la conservación de bosques y agua, al mismo tiempo, pero con el tiempo se podrían obtener recursos internacionales para que a esas zonas se les pague por la captura de carbono.

De la superficie forestal incendiada, que en este momento asciende a 219 mil hectáreas, aseveró que tres cuartas partes se recuperarán por sí solas y una cuarta parte será necesario reforestarla.

Asimismo, dijo que se prevén fuertes sanciones a quienes cometan delitos ecológicos en esas zonas y que la vigilancia forestal, que actualmente está a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pase a los estados. Descartó que en las entidades se vaya a dar discrecionalidad en este punto, porque en caso de que alguna pierda más bosques se le pueden revocar sus facultades.

Esta nueva legislación, consideró, permitirá la creación de un nuevo modelo forestal para el país, ya que responde a un diagnóstico del sector que revela grandes debilidades y situaciones de emergencia, como la pobreza y marginación de 12 millones de mexicanos que habitan en regiones forestales, tala ilegal, deforestación y sobrerregulación.

Puntualizó que la ley permitirá dar facultades a estados y municipios, que tendrán que desarrollar su propia norma forestal, la cual tendrá como base la general. Además podrán disponer de recursos y presupuestos y podrán planear y ejecutar su política forestal. También se buscará erradicar la tala clandestina, la sobreexplotación y la depredación de los bosques.

Se formaliza la constitución del Fondo Forestal Mexicano, que inicialmente contará con 200 millones de pesos, el cual servirá para el pago de servicios ambientales a los dueños de bosques y selvas. Los programas de reforestación, plantaciones y desarrollo forestales, al tener carácter de ley, serán obligatorios de manera permanente.