Promesas incumplidas

En abril de 2001, cuando el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) se debatía en una lucha interna por la dirigencia sindical encabezada por Alfonso Rojo, quien pretendía relegirse, José Medel Ibarra, Carlos González Merino y Emilio Fernández Allende, todos contendientes por el puesto, solicitaron la intervención de la procuraduría capitalina para auditar los fondos sindicales.

Los tres aspirantes -a quienes los seguidores de Rojo acostumbraban gritar "Carlos, Emilio y Medel, hijos de Andrés Manuel"- se quejaban de que el primero no informaba a los trabajadores sobre los recursos que generan los deportivos e inmuebles del sindicato, como el teatro 14 de Diciembre, el balneario Las Termas, el deportivo 18 de Marzo, en la colonia Lindavista, y un hotel en el estado de Guerrero.

Al final, luego de un proceso interno plagado de irregularidades, al grado que tuvo que intervenir el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Medel Ibarra, quien en 1971 comenzó a trabajar de mecanógrafo en la administración capitalina, fue elegido nuevo dirigente del SUTGDF en un congreso extraordinario el 28 de octubre de 2001, y ese mismo día anunció el cambio de estatutos internos para eliminar la obligación de los más de 100 mil trabajadores de pertenecer al PRI, lo cual fue bien recibido por el gobierno local.

Ahora, a más de un año y medio de encabezar el sindicato, los trabajadores exigen a Medel Ibarra lo mismo que en su momento demandó a su antecesor: transparencia en el manejo de las cuotas sindicales. Inclusive, entre las peticiones exigidas por el gremio y que motivaron las marchas de la semana pasada, que durante cuatro días paralizaron el tránsito en diferentes puntos de la ciudad, se demanda ayuda anual para sus deportivos calculada en 20 millones de pesos.

Formalmente José Medel tiene una plaza de técnico en computación, con salario mensual de 5 mil pesos, pero posee entre su patrimonio una residencia en el Pedregal. En 1999, con Alfonso Rojo como dirigente del SUTGDF, ocupó la cartera de vestido y calzado, el mismo ramo donde la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa detectó irregularidades en la adquisición y distribución, que derivó en la cancelación de contratos con empresas proveedoras y en la distribución de vales por el GDF para cubrir esa prestación.