MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Fox defiende a banqueros igual que sus antecesores priístas

El rescate bancario ya costó casi 100 mil mdd

EN SU MAYORIA EMANADOS del sector bursátil especulativo, los integrantes de la nomenclatura financiera que ya controla buena parte del país disfrutan, por cuarto sexenio consecutivo, de las bondades y privilegios que trae aparejado estar cubierto con el generoso manto del poder público.

EN LA ADMINISTRACION de la "renovación moral", Miguel de la Madrid no sólo les regresó 34 por ciento de la banca expropiada por su antecesor, sino que les permitió todo tipo de excesos; en la de "solidaridad", en Carlos Salinas de Gortari encontraron el socio perfecto que les vendió, con todo tipo de facilidades, la infraestructura productiva del Estado y -la cereza del pastel- el sistema bancario nacional, con las consecuencias por todos conocidas y padecidas; en la de Ernesto Zedillo se les cumplió a cabalidad la promesa de campaña: "bienestar para la familia... financiera"; en la del cambio, Vicente Fox no ha cambiado nada y se aferra, siempre en defensa de la nomenclatura, a violentar las decisiones de dos de los poderes de la Unión.

CUATRO SEXENIOS consecutivos en los que el poder público no ha movido un dedo para acabar con la impunidad de este minúsculo, cuan poderoso y depredador segmento del empresariado mexicano. Cuatro presidentes de la República que han intervenido decididamente en defensa de esa nomenclatura, en el entendido de que las campañas políticas no se pagan solas. Una historia de dos décadas que ha transitado del Ficorca al Fobaproa-IPAB -se cerró el círculo- y esta impune casta sigue tan campante.

EN ESTE CONTEXTO, el debate sobre los excesos, irregularidades e ilícitos cometidos con y en nombre del "rescate bancario" de 1995 y años subsiguientes -todo ello, desde luego con recursos de la nación-, cumple en 2003 su octavo aniversario y el pétreo recinto fortificado del Fobaproa se mantiene sin mella.

LA LLAVE PARA ACCEDER al recinto, como antes, está en el bolsillo del Presidente de la República, pero -también como antes- éste se niega a abrir el expediente. Por el contrario, tal como procedió su antecesor, la decisión ha sido la rotunda y descarada defensa de la nomenclatura y sus intereses, antes que los de la nación.

EN EL NUEVO CAPITULO del Fobaproa-IPAB el inquilino de Los Pinos ha echado mano del aparato jurídico de la Presidencia de la República en dos ocasiones para frenar cualquier intento que lesione a sus amigos y patrocinadores de la nomenclatura, amén de haber girado rigurosas instrucciones para que las instancias involucradas en dicho expediente -entre ellas la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (el Banco de México es "independiente")- hagan movimiento alguno que de una u otra suerte permita clarificar el "rescate".

LA SUPREMA CORTE DE Justicia de la Nación y la Auditoría Superior de la Federación se pronunciaron al respecto (descalificando la actitud presidencial y documentando algunos ilícitos en el Fobaproa, respectivamente) y aunque parezca increíble, hasta el tibio secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez, habría rechazado "avalar pagarés por 45 mil millones de pesos que amparan operaciones irregulares realizadas durante el rescate bancario de 1995 y que el gobierno federal pretende que sean cargados al erario". (La Jornada, Antonio Castellanos y Roberto González Amador) y se ha manifestado por llevar adelante las auditorías, mismas que determinarían si procede o no el canje de los pagarés del mencionado rescate. Sin embargo, el presidente Fox no cede un milímetro. Algunos consideran que tal actitud corresponde a la tradicional falta de conocimiento que el inquilino de Los Pinos tiene de los candentes asuntos nacionales. Otros por el contrario señalan que sucede exactamente lo contrario -sólo para el caso Fobaproa-, es decir, que sabe a la perfección qué se comieron y quiénes se lo comieron. De allí el rechazo a abrir el expediente.

SOLO EN LA MAS RECIENTE revisión de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación detectó operaciones ilícitas en la compra de cartera por el Fobaproa por alrededor de 45 mil millones de pesos, siendo cuatro los bancos beneficiados (Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y Bital (con todo y Banco del Atlántico) y 100 millones los mexicanos perjudicados.

EL IPAB DICE RECHAZAR la compra irregular de cartera que suma 45 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación exige que ese dinero lo paguen las instituciones beneficiadas, no el erario, y de tiempo atrás los bancos están amparados para que la revisión no proceda (de algo sirve contar con la información privilegiada que les canalizan sus amigos dentro del poder público y tener todos los trucos en las manos, como en el caso de Banamex, institución que cuenta, entre sus funcionarios de primer nivel, con Javier Arrigunaga, ex secretario ejecutivo del Fobaproa). Ahora, como antes, en la Cámara de Diputados priístas y panistas pretenden alcanzar un "punto de acuerdo" para realizar auditorias light a los bancos mencionados y que éstos, en el peor de los casos, paguen 500 y no 45 mil millones de pesos por los ilícitos cometidos.

LA HISTORIA NO HA cambiado un ápice en estos ocho años. Así actuaron Zedillo y su banda, así actúan Vicente Fox y la suya. Hasta ahora, para el erario nacional el saldo negativo del "rescate bancario" asciende a 920 mil 270.8 millones de pesos, sin considerar que año tras año, en el presupuesto de egresos de la Federación, se canalizan miles de millones de pesos para el servicio de ese pasivo.

ASI ES: UN RESCATE de casi 100 mil millones de dólares provenientes del erario, que en un origen no costaría "más de 50 millones dólares" por ser un mecanismo de "apoyo transitorio" a la banca privada, como definió en enero de 1995 el entonces director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, en el entendido, aseguraba, de que "ningún banco irá a la quiebra".

šY EL INQUILINO DE Los Pinos se queja de que no hay dinero!

Las rebanadas del pastel:

PALMA DE ORO PARA el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y sus abogados: perdió 61.6 por ciento de los juicios fiscales... De 8 mil 262, dobló las manos en 5 mil 89.

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