Javier Oliva Posadas

Seguridad, petróleo y migración

A bordo del portaviones Abraham Lincoln, el presidente de Estados Unidos anunció el pasado 2 de mayo el fin de la guerra (invasión) a Irak. Tan sólo un par de días después proclamó el inicio de su campaña por la relección junto con su actual compañero de fórmula. Para que no hubiera lugar a especulaciones ni a interpretaciones equivocadas, los temas centrales de la agenda electoral fueron expresados en su discurso: seguridad y combate al terrorismo. Obviamente, la mala marcha de la economía de su país no fue incluida como objetivo, pues implicaba reconocer la inutilidad de tanta barbarie para procurar empleos y productividad.

Al regreso de su visita a Washington (7 y 8 de mayo), Luis Ernesto Derbez, secretario de Relaciones Exteriores, declaraba que el posible acuerdo migratorio no era, por el momento, una prioridad en la relación bilateral. Ni una sola palabra de la Conferencia de Seguridad Hemisférica a realizarse en nuestro país a fines de este mismo mes. O seguramente sí, pero en acuerdos privados.

Lo cierto es que nuevamente el gobierno de México no ha sido capaz de leer el entorno para adoptar una postura y programar una estrategia que le permita mantener una relación más o menos estable con el vecino.

La política exterior fincada en "compensaciones" (rechazo a la invasión a Irak en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y voto en favor para condenar al gobierno de Cuba en materia de derechos humanos) no ha hecho sino incrementar las tensiones, pero sobre todo ha puesto en evidencia, por una parte, el anacronismo de la vieja escuela diplomática mexicana y, por la otra, la situación ha demostrado que el comercio no puede ser la base de los criterios y determinaciones en las relaciones internacionales.

A ese complejo panorama se suma el insensato resolutivo del Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos (24 votos republicanos contra 23 demócratas), emitido el 9 de mayo, para condicionar el acuerdo migratorio a la privatización, en todos sentidos, de la paraestatal Pemex. Más evidencias de cuáles serán las prioridades en los siguientes años para el gobierno de la Casa Blanca, imposible. De allí que llame la atención la candidez con la que se llevan a cabo las gestiones para promover un inviable acuerdo migratorio; donde, para rematar, el mismo día del regreso del secretario Derbez, el Ejército de Estados Unidos prometía investigar quiénes habían lanzado la campaña de reclutamiento en la frontera de Baja California para que ciudadanos de nuestro país, a cambio de la ciudadanía, ingresaran a sus fuerzas armadas.

Si los ejes de la campaña presidencial de Georges W. Bush son la seguridad (nacional) y enfrentar al terrorismo (cuyas actividades desde la Casa Blanca no reconocen fronteras ni leyes), entonces la política exterior de nuestro país deberá ponderar que entre más débiles sean la finanzas públicas, mientras menos autonomía exista en las decisiones en los foros multilaterales, menor será el margen para el diseño, aplicación y evaluación de medidas encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las políticas contra el crimen organizado y eventuales actividades terroristas. Es un panorama con una temática nueva, inédita y muy, muy peligrosa para las bases constitucionales y de soberanía del Estado mexicano.

Ya la Unión Europea ha reconocido la regresión en las libertades ciudadanas como resultado de las políticas regresivas y restrictivas de los gobiernos para prevenir actividades y atentados terroristas. Sin embargo, la posibilidad de que ese mismo argumento sirva para presionar, condicionar acuerdos, ayudas y convenios, es completamente real. Y el caso de la relación México-Estados Unidos es un nítido ejemplo de que así ocurre.

Un gobierno como el de Bush, sustentado en políticas policiacas, militaristas y de espionaje, encuentra situaciones propicias para intervenir en cualquier momento y casi en cualquier parte.

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