Miguel Concha

En defensa de un proyecto

En estos días los diputados del Congreso de Baja California van a decidir si Raúl Ramírez Baena permanece en el cargo de procurador de los Derechos Humanos de Baja California. Dentro de los términos establecidos por la ley, el Congreso local emitió una convocatoria para definir quién ocupará este cargo los siguientes tres años, a partir del primero de junio. Aunque la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH) abre la posibilidad de que su actual titular sea ratificado, los diputados establecieron una serie de requisitos y procedimientos. Además de Raúl Ramírez, al final del periodo de registro se anotaron 17 personas. Los diputados de la 17 Legislatura seleccionarán de entre ellos al nuevo ombudsman.

La sociedad impulsó en la década pasada que los congresos locales se encargaran de nombrar al ombudsman, con el fin de que los gobernadores, por medio del nombramiento de la terna de los candidatos, dejaran de tener injerencia en el procedimiento. Desafortunadamente este proceso se empezó a desvirtuar cuando comenzó a ser aprovechado para retirar del cargo a titulares incómodos, como ya sucedió en otros estados, por ejemplo en el caso de Guadalupe Morfín Otero, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco.

Cobra entonces relevancia evitar situaciones que contaminen el procedimiento de elección del ombudsman, y por ello es importante que el proceso se desarrolle al margen de los intereses políticos de los partidos que tienen presencia en el Congreso bajacaliforniano. La PDH ha sido además una institución que no ha tenido una buena relación con el actual titular del Ejecutivo de Baja California, como lo muestra el hecho de que este año recibió menos de 2 por ciento de aumento en su presupuesto, cuando otras áreas de la administración pública recibieron hasta 8 por ciento más.

Sin dejar de reconocer las trayectorias de algunos de los aspirantes, considero que es necesario que Raúl Ramírez Baena permanezca al frente de esta institución por un segundo periodo. Ha impulsado una lucha intensa en contra de las violaciones de las garantías individuales por parte de los cuerpos de seguridad pública municipales y estatales, y ha actuado en la defensa y promoción integral de los derechos de los indígenas originarios de Baja California, así como de los indígenas migrantes de otras entidades que laboran en los campos agrícolas del valle de San Quintín, en Ensenada.

Desarrolló, entre otras cosas, acciones para hacer valer una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que permite a los indios cucapás la pesca de curvina en el núcleo de la reserva de la desembocadura del río Colorado, en el golfo de California, recomendación que por cierto no ha sido atendida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

A principios de esta semana emitió la recomendación 6/2003, dirigida al gobernador y al presidente municipal de Ensenada, para que resuelvan las condiciones de enorme discriminación y exclusión en que viven los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín y el valle de Maneadero, en materia de seguridad pública y desarrollo social. Solicita asimismo al Congreso local que elabore y apruebe una Ley Estatal de Derechos y Cultura Indígenas en Baja California, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT, firmado por México. Es también conocido que ha desplegado su experiencia previa como activista en la defensa de los derechos humanos para defender los derechos de los mexicanos que se arriesgan a cruzar sin documentos la frontera, en busca de mejores salarios.

Lo anterior confirma la excepcional orientación que Raúl Ramírez ha impreso a la PDH de Baja California, sobre todo por lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. Esta perspectiva se reitera en el programa de trabajo que presentó ante la Legislatura, en el que propone el reforzamiento de las acciones en defensa de migrantes e indígenas, y solicita que se reforme la ley de la PDH, para que sean llamados al pleno aquellos funcionarios que no acepten o no cumplan con una recomendación emitida, con el propósito de que respondan y den cuentas de este proceder.

Confiamos en que el Congreso bajacaliforniano tomará la mejor decisión, evitando que la PDH se vuelva un botín de grupos políticos que se intercambian favores para lograr sus objetivos, y permita la constitución del original proyecto de Raúl Ramírez, que se articula con un movimiento de defensa integral de los derechos humanos de los sectores más vulnerables.