El Prodh solicitó la intervención de Santiago Creel

La CIDH pidió al gobierno un informe sobre el arresto de indígena zapoteco

MATILDE PEREZ U.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al gobierno federal informe, en un plazo de 15 días, sobre los hechos ocurridos en el municipio Unión Hidalgo y en torno a la detención del indígena zapoteco Carlos Manzo y de dos integrantes más del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU). El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, fundamenta su petición en el artículo 25 fracción tercera del reglamento de esa organización.

A la vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) pidió al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, intervenga en el conflicto del municipio Unión Hidalgo, en Juchitán, Oaxaca, ya que "está provocando graves daños en la integridad y libertad de los ciudadanos" por la ingobernabilidad en la zona.

La organización no gubernamental defensora de los derechos humanos sustentó su petición con una narración detallada de los hechos ocurridos en esa localidad desde diciembre de 2002 y que en los primeros días de esta semana derivaron en la detención de Carlos Manzo, Francisco de la Rosa Morales, Luis Alberto Marín, integrantes del Consejo Ciudadano Unihidalguense, así como de Jesús Vicente, miembro de la Coordinadora de las Colonias Unidas de Salina Cruz, quienes habían denunciado las irregularidades del presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz; el síndico, Ricardo Ruiz de la Rosa, y del procurador, Mariano Velásquez.

El Prodh y CCU pidieron al titular de Gobernación intervenga para que el Congreso del estado declare de inmediato la desaparición de poderes en el municipio y nombre un concejo municipal o administración municipal interina; la inmediata liberación de los detenidos y quienes son víctimas de represión por su actuación en el conflicto del ayuntamiento.

Exigieron la investigación de los hechos ocurridos desde diciembre -el CCU había solicitado y logrado que se llevara a cabo una auditoría al ayuntamiento-; se integren las averiguaciones previas por los hechos hostiles cometidos en contra de la vida, integridad y propiedad de los ciudadanos de dicho municipio y se consignen a la brevedad ante el juez correspondiente.

También solicitaron la intervención de la Secretaría de Gobernación ante el Instituto Federal Electoral para que atienda las denuncias presentadas por el CCU respecto a violaciones a las leyes electorales que se han producido durante comicios federales y que han contribuido a agudizar el conflicto.

Mientras, en el penal de Tehuantepec, Oaxaca, en donde están los integrantes del CCU e integrado el expediente 139/203, Carlos Manzo presentó su declaración y pidió ampliación del término a 144 horas.

Por conducto de otros integrantes de la organización, Carlos Manzo aclaró que la huelga de hambre que mantiene desde su detención -el pasado día 14- es para exigir que el gobernador de Oaxaca, José Murat, mantenga un diálogo con el CCU y ordene se lleve a cabo la auditoría al gobierno municipal encabezado por Amado Sánchez Ruiz; intervenga ante el Congreso local para que declare la desaparición de poderes en esa localidad, y ordene la investigación de los hechos sangrientos del pasado 13 de febrero.